El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez, dijo a Servimedia que "la polémica de esa ley dejó a la policía en mala posición", por el "empecinamiento del ministro de sacarla adelante".

"En el caso concreto de la entrada en domicilios, a nosotros siempre nos pareció que la ley no aportaba nada a la operatividad de los policías y que se ponía en riesgo nuestra credibilidad, en cunto a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadano. Siempre dijimos que eso sobraba", explicó.

Aseguró que el artículo 21.2 "no se utilizaba, incluso llegaron instrucciones muy concretas para que en ningún caso se entrara en los domicilio sin autorización expresa del comisario jefe de la dependencia donde se llevará a cabo la actuación. La ley nació amputada por la propia polémica", agregó.

GATILLAZOS

Por su parte, Antonio Sosa, miembro del Comité Nacional de Asuntos Legales de la Aociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), dijo a Servimedia que "gracias a Dios que de una puñetera vez se ha quitado esto".

Sosa aseguró que el artículo 21.2 ha dado lugar a algunos "gatillazos" (errores policiales), "que pagaban los funcionarios policiales casi continuamente, al igual que los ciudadanos".

En cuanto a la dimisión de Corucera, Sosa dijo que, "si al ministro le aceptan la dimisión no será por esta ley; dimite porque es un señor que está quemado y no ha cumplido con lo que la Cortes Generales le ha mandado".

Sosa arremetió contra el ministro de Interior al que acusó de "no ser digno del puesto que ocupa" por su mala gestión, por no dar a la Policía mejores sueldos e infraestructuras".

Fernando Vázquez, secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), expresó su satisfacción por la decisión de Tribunal Constitucional, ya que esa ley "no favorecía en nada al ejercicio de la Policía, respecto a que fuera más operativa".

"Nosotros propusimos a los compañeros sobre todo a aquellos que pertenecen a ciertas brigadas, a que actuaran siempre bajo el conocimiento del juez de turno para evitar problemas que después iba a padecer, exclusivamente, el policía", agregó.

Vázquez dijo que "este ministro ha supuesto una etapa negra de la historia de los policías, que deseamos cuanto antes pasar y estamos deseosos de que este señor abandone definitivamente la responsabilidades de este ministerio".

Por último, Javier Santaella, secretario general del Sindicato Profsional de Policía Uniformada (SPPU), dijo a esta agencia que la decisión del Tribunal Constitucional "era previsible".

"A nosotros los que nos preocupa", agregó, "es que, ni antes de la 'ley de la patada en la puerta' ni después, tenemos instrumentos jurídicos suficientes para poder actuar contra la delicuencia".

Santaella aseguró que todo lo que crea incertidumbre es malo y "la patada en la puerta, con las dudas que había de constitucionalidad", ha hecho "que no se estuviera trabajando a gusto,incluso, se ha utilizado lo menos posible".

Sobre el anuncio del ministro de Interior de dimitir, Santaella dijo que Corcuera "tiene más inteligencia que vergüenza y va a dimitir", al tiempo que explicó que "esta ley nunca debió de salir como salió".