Según informaron a Servimedia fuentes de la Dirección General de la Vivienda, la intención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es emitir el proyecto de ley al Consejo de Ministros antes del mes de julio, con el fin de iniciar su trámite parlamentario a la vuelta de las vacaciones de verano.

La primera premisa del borrador que prepara el MOPT es introducir al usuario de la vivienda como uno de los responsables de la edificación, al considerar que también forman parte de este proceso todas las reformas posteriores que sufre un inmueble hasta su demolición.

Con esta medida, el Gobierno quiere implicar a los compradores y usuaros de edificios en su conservación y rehabilitación, de manera que no será posible alegar falta de información para inhibirse de responsabilidades en caso de siniestro.

El manual de uso del edificio, que ya ha sido regulado por las autoridades de vivienda de la Generalitat de Cataluña, deberá entregarse junto a otros documentos que ahora se remiten al comprador de una casa, por exigencia de la actual normativa de defensa del consumidor, como la memoria de calidades.

Entre los contenidos de este "ibro de instrucciones" figurarán los usos para los que es apto el edificio, las obras de reforma y rehabilitación que pueden hacerse y las que no, los materiales que deberán emplearse en estas actividades y los pesos máximos que es capaz de soportar.

Las fuentes del MOPT consultadas señalan que "existen casos en los que las causas de un siniestro son el mal uso que se ha hecho de un edificio o la ejecución de reformas que no soportan algunos inmuebles, pero por las que no se puede pedir responsabilidaes a los usuarios o propietarios porque siempre pueden alegar falta de información".

Junto a la responsabilidad de los compradores en el uso del edificio, el ministerio quiere implicar al resto de los agentes que intervienen en su construcción, por lo que introducirá en el proyecto de ley las responsabilidades que corresponden a cada uno, desde el arquitecto hasta el usuario, pasando por los aparejadores, constructores, contratas, subcontratas, etc.

El método utilizado para conseguirlo es uno de os aspectos que aún no está cerrado en las negociaciones de la Administración con colegios profesionales, asociaciones de consumidores y patronales del sector, aunque el ministerio está firmemente decidido a fijar un mecanismo de garantías basado en el aseguramiento del inmueble.

La fórmula del seguro a utilizar y quién será el encargado de suscribirlo es el núcleo de las negociaciones que mantienen en la actualidad las aseguradoras y los demás colectivos implicados con los responsables de Vivienda. Las fuentes consultadas afirman que existen varias alternativas respecto a la fórmula a emplear y que la denitivamente elegida "será la que suponga un menor coste y al mismo tiempo garantice adecuadamente la cobertura de responsabilidad de todos los que intervienen en la edificación".