Según informó la Policía, esta actuación se originó en Colombia, cuando la madre de una de las víctimas contactó con la policía para alertar de una posible situación de trata de seres humanos que afectaba a su hija. Según dijo, la joven residía en Colombia en una situación desfavorable y había sido captada a través de redes sociales mediante una oferta laboral en el extranjero.

A la víctima la contactó una persona conocida, quien le ofreció un supuesto empleo en Francia en el sector agrícola, con la promesa de obtener elevados ingresos en un corto periodo de tiempo. Posteriormente, una mujer se encargó de gestionar la logística del viaje, documentación, adquisición de billete su desplazamiento.

A su llegada a Francia, la víctima logró comunicarse con su madre para informarle de que había llegado en buen estado. Sin embargo, pocos días después, las comunicaciones comenzaron disminuir considerablemente hasta que solo se realizaban de forma esporádica. En estas, la víctima manifestó que las condiciones no correspondían a lo prometido con anterioridad.

Dijo que le habían retirado su documentación personal y que carecía de libertad de movimientos y comunicación, además de estar siendo obligada a ejercer la prostitución en muy malas condiciones. También señalo que, tanto ella como las demás mujeres, se encontraban sometidas a una vigilancia continua por parte de los captores.

Después de la denuncia inicial en Colombia, las autoridades colombianas establecieron un canal de comunicación urgente con los agentes españoles, trasladando los hechos y el contacto directo que mantenían con la mujer a través de una aplicación de mensajería instantánea. A través de esa aplicación, la joven iba informando en directo cómo estaba siendo trasladada por una de las trabajadoras a un nuevo domicilio en Francia con el objetivo de continuar siendo explotada sexualmente.

Ante la gravedad de la situación, los agentes españoles activaron de inmediato los mecanismos de cooperación internacional y contactaron con la Oficial de Enlace de la Policía Nacional en Francia y con el Oficial de Enlace francés en España, lo que permitió la rápida movilización de unidades policiales francesas, lo que facilitó la localización de un domicilio en el que estaban las cuatro mujeres víctimas de esta trata, además de una mujer que desempeñaba funciones de control directo, a quien se detuvo.

La mujer detenida actuaba presuntamente bajo las órdenes de su esposo y de su hijo, asentados en Colombia. Ella y las víctimas habrían llegado a Francia en febrero de 2026, iniciando un recorrido por distintas ciudades, entre ellas París, Angers, Belfort, Bourg-en-Bresse y finalmente Bourgoin-Jallieu, donde fueron localizadas.