Tras detectar irregularidades en el sector del lino en Castilla-La Mancha durante las mencionadas campañas, la Comisión decidió ordenar a España la devolución de las ayudas cobradas por todos los cultivadoes de lino del Estado, que ascienden a 116 millones de euros en esos dos años.

Sin embargo, tras el recurso del Gobierno español, ahora el Organo de Conciliación de la Unión Europea ha dictaminado que los productores individuales de lino no incurrieron en fraude y, por tanto, rechaza la imposición de la Comisión que obliga a España a devolver las ayudas.

"De alguna manera se reconoce que hay muchos agricultores que han percibido esas ayudas de manera legal y no se considera lícito que tengan que evolver las ayudas ya percibidas porque han procedido sin ningún problema; que devuelvan aquellos que han cometido" (ilicitud), indicó un portavoz de Agricultura.