Según las mismas fuentes, la Junta de Castilla y León ha presentado un escrito en el que solicitan a Garzón que les deje personarse como acusación particular en el caso del lino, dado que entre los 42 imputados s encuentran 14 castellanoleoneses y 5 empresas ubicadas en dicha comunidad autónoma.

Garzón se hizo cargo de este caso el pasado miércoles, cuando se declaró competente para investigar la denuncia presentada el pasado 8 de enero por la vicepresidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, sobre el caso del fraude del lino.

Así, Garzón imputó a un total de 42 personas, todas ellas agricultores y transformadores, entre las que no hay ningún responsable político de ls comunidades autónomas afectadas: Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

No obstante, figuran Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de la empresa pública Mercasa y propietario de la empresa transformadora Colino S.L., así como familiares de Nicolás López de Coca, ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia presentada por Loyola de Palacio sobre el supuesto fraude generalizado que, según la Fiscalía Anticorrupcin, hubo en el reparto de las ayudas que concedió la Unión Europea al cultivo del lino en la campaña de 1999.

La denuncia de Loyola de Palacio se apoyaba en gran parte en el informe que la Fiscalía Anticorrupción elaboró a instancias de la Unidad de Control y Lucha Antifraude de la Comunidad Europea (UCLAF).

En dicho texto se mencionaba a Colino como un ejemplo de los mecanismos utilizados para conseguir las subvenciones de la Comunidad Europea de forma ilícita.

Fue la UCLAF la que instó al dpartamento dirigido por Carlos Jiménez Villarejo a abrir diligencias informativas, con el fin de comprobar si existía delito en el cobro de dichas ayudas.