Según informó Justicia, Llop se pronunció de esta forma al participar en la capital granadina en la clausura de las XX Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales de España, en las que se abordaron las necesidades del desempeño judicial local y las mejoras que deben introducirse.

En su intervención, la ministra aludió a cómo la transformación que está viviendo el sector de la Justicia exige un compromiso de todos los agentes implicados, tanto de los profesionales como de los cargos públicos.

Destacó el trabajo de las audiencias provinciales, ya que son órganos “imprescindibles para la vertebración de nuestro territorio y también tienen una función muy importante en la elaboración de la jurisprudencia que luego aplican los tribunales de instancia”.

JUSTICIA “EFICAZ”

La titular de Justicia explicó que, en este “profundo proceso” de transformación de la Justicia española que se está llevando a cabo como política de Estado, “se está trabajando en cogobernanza con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia”.

Según Llop, el objetivo es “dotarnos de un servicio público de Justicia accesible, eficaz, sostenible e igualitario, que actúe como verdadero motor de cohesión social y territorial del país”. Para ello, la ministra explicó que su gabinete trabaja en el plan Justicia 2030, un proyecto que se asienta en tres ejes fundamentales.

El primero de ellos aborda el acceso a la Justicia, y consolidación de garantías y derechos, con actuaciones encaminadas a acercar la Justicia a la ciudadanía. El segundo busca promover la eficiencia operativa del servicio público de Justicia a través de la plena implantación de la oficina judicial, la creación de los Tribunales de Instancia y la regulación de sentencias testigos o modelo en algunas jurisdicciones. Y el tercero, el de la transformación digital, tiene el objetivo de incrementar la cohesión y la coordinación territorial.

Según Llop, todo ello requiere una profunda modificación normativa que se sustenta en la Ley de Eficiencia Procesal, la Ley de Eficiencia Organizativa, ambas ya aprobadas en Consejo de Ministros; y la Ley de Eficiencia Digital, que “en los próximos meses elevaremos a dictamen del Consejo de Estado”.