Llop se refirió a esta cuestión en el Pleno del Congreso, donde contestó a una interpelación del PP sobre este asunto que defendió el diputado Luis Santamaría.

La titular de Justicia informó de que había solicitado una comparecencia en Comisión de Justicia de la Cámara Baja para explicar lo relativo a la huelga de los LAJ, pero sostuvo que “no se nos puede acusar de no querer dialogar”. A este respecto, este jueves está prevista una nueva reunión entre el Ministerio y los colectivos que promueven la huelga.

Señaló que el Ministerio está dispuesto a mantener un “diálogo honesto” con los LAJ, pero que no se puede hablar de “subidas salariales lineales”, ya que estos funcionarios no realizan todos las mismas tareas y existe una creciente especialización entre ellos.

“TRISTE BALANCE”

Los letrados en huelga centran sus demandas en que debe aumentárseles de forma clara el sueldo debido a que, con el sistema de ‘oficina judicial’ que se implantó en 2009, cada vez asumen más funciones de gestión dentro de los juzgados, que son responsabilidades que antes tenían los magistrados.

Según Llop, este planteamiento “no es un argumento válido”, puesto que ha habido “muchos avances” para liberar a estos funcionarios de determinadas obligaciones, como que estén en las salas de vistas durante los juicios. Además, resaltó que tanto estos empleados públicos como los de Justicia han experimentado “subidas importantes” en sus retribuciones en los últimos años.

Por su parte, Santamaría se refirió a que la cuestión de la huelga de los LAJ evidencia el “triste balance” de la gestión de Llop, al tiempo que censuró la beligerancia del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, a la hora de tratar con los funcionarios que están reclamando mejoras en sus condiciones laborales y salariales.

Al mismo tiempo, este diputado reclamó la dimisión de la ministra, puesto que el problema de esta huelga se suma lo de las rebaja de pena por la ley del ‘solo sí es sí’. Así, acusó al Gobierno de estar tratando con “coces y faltas de respeto” a las víctimas de los agresores sexuales y de sólo aceptar modificar la ley al haber entrado en “pánico electoral”.