En sus cartas, esta asociación advierte de que la suspensión de la Comisión de Reglamento del Congreso la pasada semana y la “parálisis” de la ponencia del Proyecto de Ley relativo a la regulación de los grupos de interés suponen un “nuevo bloqueo” en una materia en la que España acumula años de retraso.

Con ello, APRI se alinea con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha exigido en numerosas ocasiones al PP que apoye esta norma, que ha sido negociada con el sector y cuenta con su apoyo.

Así, en sus cartas, APRI pide a los responsables políticos que impulsen, apoyen y faciliten la reactivación inmediata de los trabajos parlamentarios para aprobar una regulación homologable a la de las democracias europeas más avanzadas en esta Legislatura.

“La ausencia de regulación está causando un daño directo a nuestra profesión y a la democracia. Permite que se mantenga una confusión injusta entre la legítima defensa de intereses y la opacidad, el tráfico de influencias o las malas prácticas. También deja espacio al intrusismo de quienes actúan sin estándares profesionales, sin códigos de conducta y sin asumir las responsabilidades que sí asumimos los profesionales que trabajamos desde la transparencia, la ética y el rigor”, señala la asociación en las misivas remitidas.

La organización subraya, además, que cada escándalo protagonizado por responsables políticos, antiguos cargos públicos o personas que actúan aprovechando su posición o sus contactos institucionales termina proyectándose injustamente sobre el conjunto de los profesionales de los asuntos públicos.

LOBBY SIN "REGLAS CLARAS"

“Los profesionales de los asuntos públicos no podemos seguir soportando esta situación. España necesita reglas claras que permitan distinguir la participación legítima en los procesos de decisión pública de aquellas conductas que deben ser prevenidas, sancionadas o directamente excluidas del sistema”, afirma el presidente de APRI, Carlos Parry.

Para la asociación, esta indefinición también “lesiona la calidad democrática”, porque “la ausencia de reglas dificulta saber quién participa en los procesos de decisión pública, con qué intereses, en qué momento y en qué condiciones, lo que alimenta la desconfianza hacia las instituciones y debilita la legitimidad de las decisiones públicas”.

APRI defiende que la futura regulación debe incorporar, al menos, un registro público y obligatorio de grupos de interés, un código de conducta exigible, mecanismos de trazabilidad normativa, agendas institucionales transparentes y criterios homogéneos para todas las administraciones.

“España no puede seguir aplazando una norma imprescindible para reforzar la calidad democrática, proteger la confianza ciudadana y dignificar una profesión que debe ejercerse con transparencia, responsabilidad y reglas claras”, concluye APRI, antes de ponerse a disposición de los grupos parlamentarios y de las instituciones para contribuir al debate desde la experiencia de los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y la representación de intereses.