“Demos un mensaje de estabilidad y certidumbre a la Función Pública de este país, recuperamos el poder adquisitivo de quienes están en las buenas y en las malas, cuidemos a quienes cuidan de nosotros. Esto no va de aumentar nóminas, esto va de reconocer la dignidad de nuestros servidores públicos”, expresó el ministro en su defensa del texto.

López instó a la Cámara a respaldar un decreto que nace de “un consenso social evidente”, ya que el Gobierno pactó este acuerdo con CCOO, UGT y CSIF.

El ministro apuntó que el texto acordado no sólo contempla subidas salariales, sino también una optimización del talento público y un mejor servicio a la ciudadanía.

El real decreto-ley recoge la subida salarial de los empleados públicos para 2025 y 2026, que sumará un incremento del 4% en sus nóminas a partir de enero y tendrán pendiente un 0,5% si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%. Ese medio punto de subida se abonaría en el primer trimestre de 2027.

Esos incrementos forman parte del Acuerdo Marco alcanzado a finales de noviembre entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, UGT y CSIF, y al que se incorporó a comienzos de diciembre CCOO.

El Gobierno y los sindicatos pactaron un aumento retributivo del 11% para el periodo 2025-2028, que puede llegar al 11,4% por el efecto arrastre. Además de cuestiones salariales, el texto también contempla asuntos laborales y de servicio a la ciudadanía.

La subida en las nóminas abarca desde 2025 porque los empleados públicos han estado todo este ejercicio sin saber el incremento que les correspondía, ya que el anterior pacto salarial, incluido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, expiró el 31 de diciembre de 2024.

EFECTIVIDAD DEL INCREMENTO

El texto del real decreto-ley estable que serán las Administraciones públicas las que establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en función de la negociación sindical en cada ámbito. El atraso de 2025 podrá distribuirse entre 2026, 2027 y 2028 o bien hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025.

López ya avanzó hace unas semanas que los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) verán ese incremento de 2025 en diciembre, como también se expresa en el decreto.

Por tanto, trabajadores públicos de la AGE tendrán en sus nóminas de noviembre esa subida del 2,5%, que se abonará en una sola paga como atrasos desde enero. Este pago adicional y único beneficia a 540.000 efectivos del sector público estatal.

El acuerdo salarial contempla un alza del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028. De esta forma, los sueldos de los empleados públicos podrían revalorizarse hasta un 11,4% por el efecto arrastre en 2028.