Fuentes del Gobierno regional aseguraron que la Comunidad ya está “cumpliendo con el reparto forzoso e impuesto” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “pactó con los independentistas catalanes y vascos” y que ya se ha dado atención a 120 menores procedentes de Canarias y Ceuta, “algunos de ellos trasladados como paquetes” y “en contra de su voluntad”.

Respecto a la decisión del Supremo, expresan que lo que se ha rechazado son “medidas cautelares sobre la iniciación de los expedientes de traslado” pero subrayaron que los reales decretos “para imponer el reparto forzoso continúan recurridos y en estudio por el Supremo y por el Constitucional”.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, afirmó en sus redes sociales que el "interés y la protección de la infancia debe estar siempre por encima de cualquier otro cálculo político" y que con la sentencia "se prioriza la dignidad y el bienestar de los menores migrantes que han vivido situaciones de vulnerabilidad extrema". "La solidaridad y la justicia son nuestra fortaleza", zanjó.

Además, la Comunidad de Madrid ha remitido una carta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para “instarle a que acelere los trámites para que inicie la acogida de menores solicitantes de asilo” porque la “administración regional ha tenido que atender en el último año a 117 menores que han pedido protección internacional, cuando es una competencia exclusiva estatal”. En esa línea denuncian que “hasta la fecha, el Gobierno no se ha hecho cargo de ni un solo menor solicitante de asilo, no dando cumplimiento al auto del Tribunal Supremo del pasado 18 de diciembre”.

En la misiva, la Consejería de Juventud y Asuntos Sociales se refiere al auto del Supremo que requiere al Estado a garantizar el acceso y la permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SAPI) de los menores de edad solicitantes de protección internacional actualmente atendidos por los servicios de protección de la Comunidad de Madrid. Asimismo relata que el 30 de diciembre se remitió al Ministerio un primer listado de diez menores próximos a alcanzar la mayoría de edad, con el fin de facilitar su acceso inmediato y efectivo al Sistema Nacional de Acogida y Protección (SAPI) siendo aún menores, tal y como exige expresamente el Auto del Tribunal Supremo.

No obstante, lamentan que se ha asignado a estos menores citas para el acceso al SAPI exclusivamente a partir del cumplimiento de la mayoría de edad, e incluso en algunos casos más allá del plazo máximo fijado por el Tribunal Supremo, lo que supone una práctica “contraria tanto al tenor literal como a la finalidad de la medida cautelar acordada, que exige que las actuaciones se desarrollen bajo el principio del interés superior del menor”.

“Teniendo en cuenta que el Auto de referencia fue dictado hace ya 40 días, y ante la proximidad del vencimiento del plazo fijado por el Tribunal Supremo para su cumplimiento, solicitamos que se adopten con la máxima celeridad las medidas necesarias para garantizar el acceso real y previo al SAPI de los menores solicitantes de protección internacional, en estricto cumplimiento del mandato judicial”.