Según informó el Gobierno regional, esta iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior introduce medidas concretas para modernizar el sector, mejorar la gestión de la fauna y reforzar la seguridad. Entre ellas, la norma establece por primera vez un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, independientemente de la modalidad, con la excepción de la caza menor, que podrá autorizarse desde 50 hectáreas con justificación técnica.

En materia de pesca, simplifica la regulación de las aguas, que quedarán reducidas a tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Además, pone especial atención en especies emblemáticas como la trucha en los ecosistemas fluviales, así como en otras de interés para los pescadores en embalses y tramos bajos de los ríos, como la carpa o el lucio.

Entre las principales novedades, crea los Planes de Control Poblacional, una herramienta dirigida especialmente a los ayuntamientos para gestionar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo fuera de los periodos ordinarios de caza y prevenir daños en la agricultura. Y, en materia de seguridad, amplía la distancia mínima respecto a núcleos de población de 100 a 150 metros, manteniendo el resto de las limitaciones vigentes.

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Además, el Ejecutivo autonómico señala que la futura ley apuesta por la modernización del sector mediante la implantación de licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos, lo que permitirá simplificar trámites y mejorar el seguimiento de la actividad. También se actualiza el régimen sancionador: las infracciones leves se castigarán con multas de entre 200 y 1.000 euros; las graves, entre 1.000 y 10.000; y las muy graves, entre 10.000 y 80.000 euros.

La elaboración de la norma ha contado con un amplio proceso de participación y ha sido sometida a numerosos informes técnicos y sectoriales, entre ellos, los relativos a impacto ambiental, cambio climático, salud pública, género, familia y coordinación normativa, entre otros. De este modo, integra en un único marco legal los aspectos esenciales de la actividad cinegética y piscícola, que desempeñan un destacado papel como motores del desarrollo rural y en la lucha contra la despoblación.

En la Comunidad de Madrid, cerca del 69% del territorio —576.000 hectáreas— está considerado terreno cinegético, con alrededor de 50.000 licencias de caza en vigor. En el ámbito de la pesca, la región cuenta con alrededor de 46.000 licencias activas y 24 tramos regulados que suman casi 130 kilómetros, gestionados en parte en colaboración con entidades locales.