Martínez, que compareció ante la Cámara regional para dar cuenta de este proyecto de ley, señaló que en él se contempla la posibilidad de "inhabilitar a los profesionales que trabajen en esos centros, en particular del director, o a los miembros de los Consejos de Adinistración de centros privados, lo que supondrá que no podrán ejercer en la CAM".

El borrador plantea la exigencia de modelos de calidad evaluados en los centros, con la intención de mejorar su calidad, e incorpora un decálogo referido a los derechos y deberes de los usuarios.

La consejera afirmó que el proyecto incorpora la posibilidad de pagos alternativos de las plazas residenciales, a través de "especies o con reconocimiento de deuda, mediante hipoteca inversa".

En el caso de pago en esecies, se recogen "cautelas" para evitar abusos, como la exigencia de un documento publico ante notario, que debe ser comunicado a la Administración regional, en el caso de que un mayor desee pagar la plaza con su vivienda. Ese pago no debe realizarse en una sola vez, sino de forma fraccionada, por si el usuario desea abandonar el centro.

Pilar Martínez mostró su voluntad de consenso y ofreció a los grupos parlamentarios trabajar conjuntamente sobre el borrador existente antes de iniciar el trámite palamentario.

El borrador será remitido al Consejo Regional de Bienestar Social, a la Federación Madrileña de Municipios y a los grupos parlamentarios, que dispondrán de un mes para su estudio. Las portavoces del PSOE e IU, Carmen García Rojas y Caridad García, aceptaron el ofrecimiento de la consejera.