El Ejecutivo autónomo ha establecido los siguientes criterios: el importe que se abonará será el 75% de la renta per cápita familiar, en el caso de atención residencial con atención diurna, y el 37,5% de la renta per cápita familiar, si se refiere sólo a atención diurna o residencial.

Los porcentajes anteriores se reduce al 50 y 25%, en el supuesto de que el usuario tenga familiares a su cargo. Asimismo, se garantiza un mínimo exento de libre disposición por el usuario, equivalente al 25% de la renta per cápita de la unidad de convivencia y, si la aplicación de los citados porcentajes diera como resultado una cuantía de libre disposición inferior al 25% de la pensión no contributiva de invalidez en cada momento (40.260 pesetas mensuales en el 2000), se minorará la aportación por precio público que corresponda pagar en la antidad para garantizar la cuantía fijada como mínimo de disposición.

La Consejería de Servicios Sociales espera recaudar por estos conceptos, cuando estén reconvertidas todas las plazas subvencionadas a contratadas (finales del 2002), unos 2.100 millones de pesetas anuales.

Esta medida se produce después de que el Consejo de Gobierno aprobase la semana pasada un primer paquete de medidas de reconversión a contratadas de las plazas públicas actualmente subvencionadas o concertadas, que afecta a 2077 plazas, que supone un gasto para la CAM de 26.442 millones de pesetas en los próximos cinco años.