Así lo apuntó tras la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada este jueves, donde señaló que “asistimos a un nuevo acto de propaganda del sanchismo” porque “este plan no se ha dialogado, no se ha consensuado y no se ha trabajado con las comunidades autónomas”, sino que “se ha cocinado en un despacho del Ministerio, entre titulares y eslóganes, y después han llamado ‘cogobernanza’ a mandarnos el documento cerrado para que lo aplaudamos”.

El consejero madrileño manifestó que, “por responsabilidad, vamos a votar a favor del reparto de los fondos” y añadió que “no estamos a favor del Plan tal y como ha sido aprobado por el Gobierno central, y, de hecho, nos reservamos la presentación de los recursos pertinentes”.

Rodrigo recordó que la Comunidad de Madrid presentó alegaciones fundamentales y afeó que el Gobierno “no ha atendido ni una sola”. “Hablan de diálogo, pero lo que realmente quieren son comunidades autónomas obedientes, sin capacidad política y sometidas al modelo intervencionista de la fracasada Ley de Vivienda”, aseveró.

A este respecto, lamentó que el Ejecutivo “pretende utilizar la financiación estatal para imponer su ideología, incentivando las zonas tensionadas y condicionando las políticas autonómicas de vivienda”. “Traducido al castellano: si quieres financiación, primero tienes que pasar por caja ideológica”, apostilló.

El consejero comentó que es “especialmente grave” que incluso el propio Consejo de Estado haya cuestionado públicamente cómo se ha diseñado este plan y haya advertido de posibles vulneraciones de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. “Quizá el problema no sea la oposición, sino que el Gobierno confunde gobernar con colonizar competencias”, indicó.

Además, insistió en que el plan llega “rematadamente tarde”. Así, mientras la Comunidad de Madrid había reservado 88 millones de euros para ejecutar políticas de vivienda, “el retraso del Ministerio y la falta de convenios impiden disponer del marco jurídico necesario”. Por ello, consideró que “Madrid planifica y el Gobierno improvisa. Madrid prepara presupuesto y el Ministerio prepara excusas”.

Rodrigo consideró que el diseño financiero del plan es “profundamente injusto”. El Estado presume de triplicar su aportación, cuando además “no es cierto”, ya que el “Estado solo duplica su aportación, mientras obliga a las comunidades autónomas a multiplicarla por cinco. Moncloa pone el titular y las autonomías ponen la cartera”.

“El propio Consejo de Estado también ha cuestionado medidas como la protección permanente de la vivienda y la ausencia de estudios sobre el impacto que puede tener en la promoción privada de vivienda protegida”, aseveró.

Por último, señaló que “resulta igualmente desproporcionado amenazar con retirar fondos a las comunidades autónomas por cuestiones ajenas al propio plan, como el intercambio de datos sobre fianzas o la organización de actos institucionales sin presencia del Ministerio”.