El objetivo de la campaña, según fuentes de la organización ecologista, es conseguir que el problema de la incineración de residuos, en especial de la planta incineradora de Valdemingómez, sea discutido en la Asamblea de Madrid y el legislativo acuerde prohibir "esta actividad tan nociva para el medio ambiente y la salud pública".

Greenpeace mantiene una activa oposición a la incineración de residuos como método de tratamiento y denuncia la construcción, por parte del Ayntamiento de Madrid, de una gran incineradora con capacidad para quemar 186.000 toneladas anuales de basuras.

A juicio de la organización internacional, la política sobre residuos debe fomentar la reducción en origen y el reciclaje, cuyo principal enemigo es la incineración.

Los ecologistas afirman, en el texto de su proposición de ley, que la incineración de residuos "es una actividad altamente nociva para la salud pública y el medio ambiente", ya que conlleva "emisiones a la atmósfera de una amlia gama de productos tóxicos, persistentes y bioacumulativos".