La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, defendió el texto ante el pleno, donde afirmó que “el contribuyente no es un sospechoso habitual, ni es culpable por defecto”, sino “un ciudadano que trabaja, que cumple y que paga”.

Además, apuntó que la ley se articula en torno a seis compromisos. El primero obliga a la Administración tributaria madrileña a actuar conforme al principio de buena administración y establece que la actuación del ciudadano se presume de buena fe. El segundo garantiza una asistencia real: la Administración elaborará la autoliquidación a quien lo solicite, hará la valoración del inmueble antes de que declare, le acompañará en la presentación y el pago y contestará por escrito, con carácter vinculante, a sus consultas. El tercero reconoce el derecho a consultar el expediente sin pedir cita, mediante un portal propio, una Oficina Virtual Tributaria y una carpeta tributaria.

El cuarto compromiso garantiza una atención presencial y gratuita, con mención expresa a los mayores, las personas con discapacidad y quienes se encuentran en riesgo de exclusión, para que la digitalización no deje atrás a nadie. El quinto obliga a la Administración a emplear un lenguaje claro y a revisar de forma periódica sus formularios, de modo que el ciudadano pueda entender lo que recibe sin pagar a nadie para que se lo traduzca. El sexto contempla que la Administración pedirá perdón cuando una sentencia firme declare que se vulneró un derecho y dará las gracias cuando una inspección concluya sin regularización y sin sanción.

Además, “para que estos compromisos no queden en una declaración de intenciones, la norma crea la Oficina de Defensa del Contribuyente, con rango de ley y plazos exigibles: quince días hábiles para que el órgano afectado responda y un máximo de tres meses para contestar al ciudadano”. Albert insistió en que la ley “no protege al que defrauda”, sino “al que cumple, que es la inmensa mayoría y que hasta hoy era el único que no tenía a nadie”.

La consejera recordó que el conflicto fiscal “casi nunca empieza en un despacho de abogados”, sino mucho antes, “en un formulario que no entendió, en una valoración que llegó tarde o en una carta que no se supo contestar”. En este punto, señaló que cuatro de cada diez reclamaciones resueltas por los tribunales económico-administrativos acaban dando la razón, total o parcialmente, al contribuyente. Por eso, defendió que la ley actúa antes del pleito, para que el pleito no haga falta.

LÍMITE COMPETENCIAL

Asimismo, precisó que la ley “llega hasta el límite exacto de lo que Madrid puede hacer”, ya que la competencia normativa sobre el procedimiento y las sanciones en materia tributaria corresponde al Estado desde la ley de financiación autonómica de 2009.

El texto no incorpora el derecho al error porque la Comunidad de Madrid no tiene impuestos propios, pero Albert defendió que es una garantía que debe abordar el Gobierno central, y reclamó un Estatuto del Contribuyente que lo incluya, junto a un Consejo para la Defensa del Contribuyente con independencia real y una reforma de los tribunales económico-administrativos.

Albert pidió el apoyo de la Cámara a una norma que, ha dicho, “no le quita nada a nadie” y que devuelve al ciudadano “el derecho a entender, el derecho a que le ayuden, el derecho a quejarse y a que le contesten, y el derecho a que le pidan perdón cuando se han equivocado con él”.

La consejera concluyó que, en España, el contribuyente “lleva demasiado tiempo siendo el primero en pagar y el último en ser escuchado” y que, con esta Ley, “en Madrid deja de estar solo”.