Para ello, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior realizará hasta final de año controles sobre todo el ciclo de vida de estas baterías, desde su fabricación o importación hasta su recogida y tratamiento final como residuo.

La utilización de estos medios de transporte ha crecido en los últimos años, sobre todo en las grandes ciudades. Este tipo de movilidad ayuda a descongestionar el tráfico, ofrece alternativas más limpias al vehículo privado y facilita los desplazamientos cortos. No obstante, también plantea nuevos retos, especialmente en materia medioambiental.

Diversas normativas europeas y nacionales establecen cómo poner estos productos en el mercado y gestionar los residuos generados tras su uso. Asimismo, fijan las responsabilidades de los productores y la correcta gestión de pilas, acumuladores y baterías.

INSPECCIONES EN MARCHA

El Ejecutivo autonómico asegura que va a “garantizar su cumplimiento, contribuyendo a evitar incendios o que se liberen sustancias contaminantes al entorno, para reducir el impacto ambiental”.

En una primera fase se llevarán a cabo 30 inspecciones realizadas por expertos de la consejería dirigidas, entre otros, a fabricantes, importadores, talleres de reparación y empresas con flotas de este tipo de vehículos, especialmente aquellas que cuentan con servicios propios de mantenimiento.

Estas primeras acciones servirán como experiencia piloto para definir y perfeccionar las futuras campañas que formarán parte del Plan de Inspección Medioambiental 2027-2031, actualmente en elaboración.

Este control se enmarca en el Plan de Gestión de Pilas y Acumuladores, integrado en la Estrategia de Economía Circular de la Comunidad de Madrid (2025-2032). Es uno de los compromisos del Ejecutivo autonómico, cuyos profesionales supervisan del mismo modo el equipamiento eléctrico y electrónico, realizando anualmente más de 850 inspecciones.