IU toma esta decisión después de que la Mesa de la Cámara, con mayoría del PP, decidiese el pasado lunes no personarse en la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, planteada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

simismo, calificó la postura del PP de "colaboracionista con la destrucción de la Ley de Uniones de Hecho, de por si insuficiente y que no votamos a favor, debido a su corto alcance".

Para IU, "no defender la ley equivale a que el PP se sitúa en la extrema derecha, compartiendo postura con el grupúsculo 'Familia y Vida', que tiene como objetivo defender una visión retrógrada de la familia".

Según la coalición, "la cuestión de inconstitucionalidad afecta los artículos 3, 4, 5, 8 y 9 de la Ley de Uiones de Hecho de la Comunidad de Madrid, por cuanto entraría en competencias estatales como son la Legislación Civil (relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio), en la 'ordenación de registros instrumentos públicos', y en el "régimen estatutario de los funcionarios" de la Comunidad de Madrid.

A su juicio, el recurso está planteado por un "partido reaccionario y conservador", "Familia y Vida", y busca "dar marcha atrás en el reconocimiento legal de las uniones de hecho".

IUconsidera que el auto del Tribunal de Justicia de Madrid "cuestionando la constitucionalidad de esta ley pone en tela de juicio los efectos de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho, el valor de las certificaciones del registro, los efectos declarativos de los pactos establecidos en materia económica entre los convivientes, así como su modificación o extinción".

Asimismo, "cuestiona la equiparación entre uniones de hecho y matrimonio en el estatuto de los funcionarios de la Comunidad de Madridy en la normativa autonómica en materia presupuestaria, subvenciones o tributos, cedidos a la Comunidad de Madrid".

"El auto del Tribunal Superior de Madrid es una resolución judicial reaccionaria, ajena a la realidad de cientos de miles de madrileños que conviven como uniones de hecho, supone la continuidad de la discriminación que soportan las parejas de hecho, el fomento de la inseguridad jurídica, de ellos y de los terceros que con ellos se relacionan o contratan, y va contra la resolución del 8 d febrero de 1994 del Parlamento Europeo que reitera 'la convicción de que todos los ciudadanos tienen derecho a trato idéntico con independencia de su orientación sexual", indica la coalición.