El texto propone también la creación de una comisión entre Patrimonio Nacional, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, y representantes de los afectados, para elaborar un plan de viabilidad y abrir una negociación política que permita poner en funcionamiento el hipódromo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Sabanés recordó que el cierre de la instalación afecta a más de 5.000 familias madrileñas de forma directa o indirecta y al resto de hipódromos del país.

Además, Sabanés lamentó la "falta de diligencia" de Patrimonio Nacional en este caso, ya que el deterioro del hipódromo comenzó en 1996, pero no hubo demanda formal hasta septiembre de 1998.