Así lo apuntó durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde remarcó que estos ocho años se podían haber dedicado a “impulsar cambios estructurales, liberar suelo o fomentar la construcción de vivienda asequible en todo el territorio nacional”.

Rodrigo insistió en que la vivienda “no admite dilaciones, es una urgencia social”. Por ello, destacó que desde la Comunidad de Madrid “no ofrecemos soluciones fáciles ni discursos complacientes”, sino que “ofrecemos trabajo, constancia y también resultados”.

Además, añadió que “defendemos el cumplimiento de la ley, la seguridad jurídica y la protección de la vivienda dentro de nuestras competencias y apostamos por la defensa de la propiedad privada, la lucha contra la ocupación ilegal y la creación de un marco de confianza para propietarios y también para inquilinos, sin enfrentarlos”, porque “sin seguridad jurídica no hay inversión y sin inversión no va a haber vivienda”.

El consejero madrileño apuntó que todo ello se sustenta en una convicción firme: “la libertad como principio rector de nuestra acción política, con libertad para elegir libertad para invertir y libertad para vivir donde uno quiera y como quiera”. Así, “creemos que las sociedades más libres son también las más prósperas, las más dinámicas y las que generan mayores oportunidades para todos los ciudadanos”, aseveró.

MÁS VIVIENDA PROTEGIDA

El consejero ha reafirmado el compromiso de la Comunidad de Madrid con la ampliación de la oferta residencial y la reducción de los plazos de construcción, gracias a las novedades incorporadas en la nueva Ley de Medidas Urgentes, cuyo proyecto fue aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno.

En palabras del consejero, “el principal desafío en este ámbito en España es la insuficiencia de oferta. Y, por tanto, la solución pasa necesariamente por incrementarla de forma significativa, ágil y asequible”. Por ello, la estrategia del Ejecutivo autonómico combina edificación, ayudas y rehabilitación, con el objetivo de que, en 2027, 483.440 madrileños se beneficien de las distintas medidas.

En este sentido, detalló las principales actuaciones: facilitar el acceso a 40.195 pisos mediante ayudas al alquiler, intermediación y apoyo a la compra, así como la ejecución de 82.828 intervenciones de rehabilitación, orientadas a mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de miles de familias.

“Estas cifras reflejan un modelo basado en resultados concretos y centrado en las necesidades reales de los ciudadanos”, aseguró Rodrigo. Por último, recordó que el Ejecutivo autonómico mantiene “intacta” su hoja de ruta para esta legislatura, con el objetivo de haber impulsado más de 70.000 inmuebles protegidos y de sentar las bases para el desarrollo de hasta 280.000 nuevos hogares en los próximos 15 años.