El consejero madrileño de Educación, Emilio Viciana, explicó tras el Consejo de Gobierno que esta decisión del Ejecutivo autonómico es el paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Según remarca en un informe la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el contrato denominado 'Servicio de asistencia técnica para el diseño de un servicio estable de captación, sensibilización, fidelización y formación de familias interesadas en el acogimiento de niños, niñas y adolescentes cuya tutela la tienen las Administraciones Públicas' vulnera la competencia exclusiva autonómica en materia de protección y tutela de los menores.

Así, Viciana defendió que el programa que quiere poner en marcha el Ministerio de Juventud e Infancia no es materia de gestión estatal y, en consecuencia, “la formalización de ese contrato constituye una intromisión, e incluso interferencia en las competencias autonómicas unilateral, indeseada y perturbadora del buen funcionamiento institucional”, según precisa la Abogacía General. Por ello, el Gobierno madrileño insta al Ejecutivo central a anular el contrato por "incompetencia material".