Estas fuentes explicaron que la investigación se centra en comprobar que EDS y la empresa Servico, subcontratada por EDS, utilizan de forma decuada los datos personales de los madrileños y que les sirven para acudir a los domicilios e informar de la existencia de las multas.

Esta investigación es realizada por inspectores de la APD que están efectuando diversos informes sobre si se está cumpliendo la normativa en vigor sobre protección de este tipo de información.

Según las fuentes consultadas, hasta el momento no existe constancia de que los inspectores hayan encontrado algún tipo de irregularidad. No obstante, todavía no existen coclusiones definitivas y "es posible que un inspector haya encontrado algo" y todavía no haya informado a los responsables de la APD.

En este sentido, el abogado y embajador de España José Pedro García-Trelles ha interpuesto una denuncia ante el fiscal general del Estado contra el Ayuntamiento de Madrid y las empresas EDS y Servico, por este sistema de cobro de multas.

Para García-Trelles, las empresas contratadas podrían haber cometido varios delitos tipificados en el Código Penal, mientras que e Ayuntamiento sería responsable por omisión.

Por su parte, el concejal y senador socialista Juan Barranco ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la adjudicación del servicio a EDS y le ha pedido que inicie las actuaciones que considere pertinentes en defensa de los intereses de los ciudadanos.