Según comentó el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, el documento, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, advierte del riesgo que supone la propuesta de planificación eléctrica para el periodo 2025-2030 planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la que el Ejecutivo autonómico presentó alegaciones el pasado 18 de diciembre.

En concreto, el plan deja fuera 116.000 nuevas viviendas previstas en los desarrollos del Sureste -Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros y El Cañaveral-, cuya puesta en marcha podría retrasarse más allá de 2030. Para el Gobierno regional, esta situación resulta “inadmisible” en un contexto de “crisis de acceso” a la vivienda.

Asimismo, la propuesta compromete iniciativas estratégicas vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial, afectando a proyectos clave para el desarrollo económico y el avance tecnológico de la región. La Comunidad de Madrid viene advirtiendo desde hace meses de la insuficiente inversión en redes eléctricas, puntos de conexión y capacidad para gestionar los picos de generación renovable, una situación que, a su juicio, “pone en riesgo la continuidad del suministro”. En este sentido, recuerda que el pasado 28 de abril se produjo un apagón y que, durante las primeras semanas de 2026, ya se han registrado dos activaciones del Sistema de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), mecanismo que permite la suspensión del suministro eléctrico durante un máximo de tres horas diarias.

García Martín comentó que el informe presentado hoy subraya, además, que la energía nuclear “es imprescindible para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico a corto y medio plazo”. Actualmente, más del 40% del suministro de la región procede de las centrales de Almaraz I y II y de Trillo, “sin que exista una alternativa viable capaz de sustituir esa capacidad de respaldo en los próximos 15 o 20 años”.

En este contexto, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, trasladó mediante una carta remitida la pasada semana a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la necesidad de impulsar la continuidad de la energía nuclear en España y solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear un pronunciamiento urgente sobre la situación de Almaraz.

Como recoge el documento, el cierre de las centrales nucleares provocaría un incremento del coste de la electricidad de en torno al 23% para los hogares, del 35% para la industria y del 20% para el sector servicios. Además, “dificultaría el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, al implicar la emisión adicional de aproximadamente 22 millones de toneladas anuales de CO2”.