La Comunidad de Madrid dará más capacidad a los docentes y equipos directivos de los centros educativos para poder actuar de manera inmediata ante insultos, faltas de respeto o problemas de convivencia en las aulas, eliminando los trámites burocráticos que actualmente retrasan y dificultan la adopción de medidas disciplinarias cuando se producen comportamientos incorrectos de los estudiantes.