Coincidieron en que el Estado de Derecho se enfrenta a una preocupante erosión interna y externa debido a la pérdida de confianza institucional, la polarización política y el avance descontrolado de la tecnología. Lo experesaron durante el debate 'Derecho, ética y sociedad' organizado por el Instituto de España dentro de su espacio 'Hablamos de…', bajo la moderación del director del diario jurídico Confilegal, Carlos Berbell.

El eje central del encuentro ha sido la reivindicación de la independencia judicial ante el escenario actual de cuestionamiento público y la erosión de la confianza ciudadana provocada por las críticas directas a los jueces desde otros poderes del Estado, según expusieron. Así, la Académica Fernández-Tresguerres calificó de "ruptura de los principios democráticos muy grave" el hecho de que se critique directamente a la justicia desde otras esferas del poder político, rompiendo las normas de respeto mutuo que han imperado en el período democrático. Para el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo "el deber de lealtad a las instituciones nos vincula a todos los ciudadanos, pero es muchísimo más exigente para quienes ocupan una posición destacada en las propias instituciones".

Por su parte, Fernández-Tresguerres ha respaldado esta postura situando al juez en el centro del sistema: "No hay nada en la cúspide jurídica por encima de un juez. Si no crees en un juez, no crees en la democracia ni en la justicia". La secretaria general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España denunció que las corrientes de desconfianza ciudadana hacia los tribunales son "interesadas" y están alimentadas por noticias falsas.

Para contrarrestar esta situación, el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva ha resaltado el esfuerzo de los tribunales en los últimos años para redactar sentencias en un lenguaje "claro, sencillo y comprensible" que permita a cualquier ciudadano entender los motivos de cada decisión.

Más allá de la situación institucional, tanto el magistrado y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas como la secretaria general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y notaria han advertido de que las corporaciones tecnológicas y los fondos de inversión operan por encima de las fronteras estatales y de la propia Unión Europea, diluyendo la soberanía de los Estados.

Fernández-Tresguerres llegó a calificar la inteligencia artificial como la cuarta gran revolución de la historia, pero, a la vez, alertó sobre los riesgos del aprendizaje profundo (deep learning), donde las máquinas pierden la trazabilidad de sus procesos y "la responsabilidad civil se diluye". Ante este vacío, ha explicado que ya introduce de forma obligatoria cláusulas en sus testamentos para proteger el "patrimonio digital" y el derecho al olvido de los ciudadanos.

El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo también se ha referido a la paradoja del artículo 20 de la Constitución, señalando cómo el derecho a la información se utiliza en ocasiones de forma anónima en redes sociales, con todo lo que de negativo puede conllevar. Con las redes “se han creado las condiciones en las que se vierten a los espacios públicos noticias falsas, se atribuyen hechos a personas que falsamente se difunden. Eso se puede hacer porque se puede emitir de manera anónima, sin asumir por tanto la responsabilidad que es propia”.

Por ello, añadió, “uno de los múltiples retos que en este mundo tenemos pendiente es de introducir el elemento de la responsabilidad dentro de este universo de las redes, de tal forma que se pueda decir lo que uno quiera, sin calumniar, sin sobrepasar los límites socialmente admitidos para la crítica y sin incurrir en falsedad”.

Por otro lado, ante una España colapsada por más de 100.000 disposiciones legales estatales vigentes, el magistrado Pablo Lucas defendió que la solución para amparar al ciudadano no es crear más leyes, sino volver a los principios generales del derecho y a los valores democráticos esenciales vigentes desde 1945.

La sesión concluyó con un llamamiento unánime a potenciar el espíritu crítico y la educación de los jóvenes en las ideas del Estado de Derecho y la dignidad de la persona como únicos diques de contención eficaces.