Este encuentro internacional celebrado en la Universidad de Deusto con la participación de un centenar de integrantes de la judicatura, fiscalía y profesorado universitario europeo, abordó los desafíos a los derechos humanos y al Estado de derecho que plantean las políticas migratorias de la Unión Europea y el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que entró en vigor esta semana.

La convocatoria se promovió por las dos asociaciones que integran Medel en España, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, con el patrocinio del departamento de Empleo, Cohesión Social e igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, cuya titular, Teresa Laespada lo inauguró junto la presidenta de Medel, la fiscal italiana María Rosaria Guglielmi.

Entre las conclusiones alcanzadas destacan la afectación de los derechos humanos de las personas migrantes, particularmente menores y mujeres, que pueden verse afectadas por la repatriación a terceros países con los que carecen de vinculación, lo que podría vulnerar los convenios internacionales que han suscrito los Estados miembros de la Unión Europea.

Numerosos ponentes y participantes han sido críticos con la nueva regulación de la migración en Europa, que consideran una regresión en las políticas de respeto a los derechos humanos, los tratados internacionales y de las garantías básicas que toda persona, con independencia de su condición y procedencia, tiene derecho a ver garantizado.

Además, apuntaron a que en el futuro podrían promoverse cuestiones prejudiciales en la aplicación de esta nueva normativa si se entiende no se acomoda al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y las garantías que su acervo jurídico dispensa a los derechos humanos.