Arenas hizo hincapié en las medidas legislativas que ayudarán en la lucha contra los malos tratos, 11 en total, que incluyen como novedad la actuación de oficio por parte de fiscales y jueces cuando éstos conozcan por terceras personas -sin esperar a la denuncia de la víctima- la existencia de violencia doméstica.

Otro aspecto novedoso radica en la supresión de la consideraciónde falta que hace el Código Penal "a la desobediencia de las mujeres hacia los maridos".

Además, el Ministerio de Justicia tendrá que modificar el artículo 57 del Código Penal para incluir como pena accesoria la prohibición de aproximación a la víctima, lo que supone la creación de la figura del extrañamiento.

La figura se incluirá también en las medidas cautelares que puede adoptar el juez con la simple existencia de una denuncia por parte de la víctima. Es decir, no hará falta que exista una setencia para que un magistrado ordene el distanciamiento físico entre el agresor y la víctima como medida de protección.

A juicio de la directora general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, la figura del alejamiento evitará muertes y, como medida cautelar, evitará malos tratos y las coacciones psíquicas que causan "tanto daño a las mujeres".

SUGERENCIAS

El titular de Asuntos Sociales aseguró que el plan del Gobierno recoge las sugerencias de las comunidades autónomas, las de las ONG's y las del Dfensor del Pueblo, y como consecuencia de éstas indicaciones se ha obviado la creación de la figura del mediador para intentar reconducir la relación entre el maltratador y su víctima.

Amalia Gómez explicó a este respecto que este servicio de mediación se desechó finalmente porque podría dar lugar a situaciones de dependencia de su agresor aún mayores para el caso de mujeres maltratadas.

Sin embargo, el plan sí recoge la asistencia al maltratador -en una experiencia similar a la de los países nóricos-. A juicio de Amalia Gómez, esta asistencia surge de un mandato constitucional. "No todos los maltratadores son iguales y hay que darles la oportunidad de una rehabilitación psicosocial que podría contemplarse en lo que son las medidas cautelares", indicó.

Según la responsable de Asuntos Sociales, esta medida, que no va a ser generalizada, también salvaguarda a la víctima porque "ese modelo significa un control continuado y seguido del agresor y, por tanto, está localizado".

En virtud de est plan, que se aprobará en Consejo de Ministros antes de que acabe el mes de abril, en los juzgados y en los hospitales se crearán unidades de atención a las víctimas de malos tratos y se incrementarán sensiblemente las plantillas de médicos forenses en los juzgados.

Como novedades en el ámbito de los recursos sociales, el plan incluye que en el acceso a viviendas sociales se consideren las circunstancias de malos tratos y/o familias monoparentales para los baremos de las mismas.

En materia de insrción sociolaboral de las víctimas, el INEM gastará más de 1.000 millones de pesetas en formación para el empleo.