Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Observatorio ha realizado un primer análisis sobre los servicios de asistencia gratuita especializada a las víctimas de violencia doméstica y ha constatado el gran esfuerzo realizado tanto por el Ministerio de Justicia, en su ámbito competencial, como por las ocho Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia (Marid, Cataluña, Navarra, País Vasco, Valencia, Galicia, Canarias y Andalucía).

Las víctimas de violencia doméstica tienen a su disposición en toda España, a través de los correspondientes colegios de abogados, servicios de asistencia jurídica especializada. Estos servicios, en las poblaciones más importantes, se prestan en guardias permanentes de 24 horas, los 365 días año.

Con este estudio, según las mismas fuentes, se pretende obtener una radiografía de la actual situación con dos objetivos finaes: fomentar el conocimiento de estos servicios que prestan los letrados del turno de oficio allá donde están funcionando y potenciar y la creación de otros para que sean instrumento eficaz en la protección de los derechos de la víctima.

En el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia está vigente un Convenio de Colaboración suscrito en el año 2000 con el Consejo General de la Abogacía Española que ha sido renovado anualmente y que cuenta con un presupuesto que se ha doblado desde su puesta n marcha.

Asimismo, en el resto de las Comunidades Autónomas existen convenios similares en los que se presta un servicio de asistencia jurídica igual. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, a la que se ha transferido recientemente esta competencia, cuenta con un servicio pionero en esta materia que gestiona el Colegio de Abogados de Madrid.

Este servicio consiste en la prestación de asesoría jurídica especializada y gratuita a las víctimas desde que estas lo solicitan. Sus funciones consiten en informar a la víctima sobre sus derechos y sobre las acciones que pueden ejercer contra el agresor. Esta puede optar entonces por intervenir en el proceso acompañada de abogado. Al ministerio fiscal, en cualquier caso le corresponde la acusación de oficio.

Precisamente, la orden de protección aprobada el pasado 2 de agosto contempla entre sus fines la coordinación y el fomento de todos aquellos servicios que las diferentes administraciones están prestando a las víctimas de violencia doméstica yde género. El servicio de orientación y asistencia jurídica y especializada es un elemento esencial para garantizar la protección de la víctima.

De hecho, el protocolo de implantación de la orden de protección contempla, en un capítulo específico, la necesidad de propiciar la asistencia letrada. No hay que olvidar que el Consejo General de la Abogacía Española es parte integrante de la Comisión de Implantación y Seguimiento de la Orden de Protección.