En respuesta a una pregunta del senador de ERC Joan Queralt, el titular de Interior defendió que Policía Nacional y Guardia Civil "son el baluarte del Estado de derecho" y garantizan "el ejercicio de nuestros derechos y libertades".

Marlaska explicó que la actuación de los infiltrados se ampara en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que permite "la captación y recolección de información necesaria y precisa para desarrollar inteligencia" que ayude a prevenir conductas delictivas.

El ministro subrayó que policías nacionales y guardias civiles actúan bajo el "principio de presunción de legalidad" y manifestó estar "orgulloso" de su labor, tras ser cuestionado sobre la vigilancia a movimientos sociales pacíficos.

DEBATE SOBRE LA LEGALIDAD

Queralt criticó que la actuación de los infiltrados se ampare en la Ley de Secretos Oficiales y reclamó conocer "la proporcionalidad de estas medidas", al tiempo que anunció que solicitará la comparecencia del ministro en la Comisión de Interior.

El senador de ERC denunció que los ciudadanos "están más desprotegidos" que las personas investigadas por el CNI, ya que en este último caso "un juez autoriza cada intervención", y advirtió que estas prácticas no se ajustan a la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos.

Marlaska respondió que no se debe "confundir actuaciones distintas", como el agente encubierto con control judicial del artículo 282 bis y lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre captación de información.

El titular de Interior aseguró que "no se investigan cuestiones ideológicas" e insistió en que existe "un ordenamiento jurídico que protege los derechos y libertades de los ciudadanos en su integridad".