Así lo advirtió durante su intervención en el diálogo sobre el 'Marco normativo y de política pública en el empleo público de las personas con discapacidad', que se celebró en el marco de unas jornadas sobre ‘Inclusión y discapacidad en el empleo público’, organizadas por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales a través del Real Patronato sobre Discapacidad.

En su alocución en dicho diálogo, presentado y moderado por el redactor jefe de economía de Servimedia, David Martínez Menayo, y en el que también participó la directora general de la Función Pública, Hilda Jiménez, Martín Blanco subrayó que la reforma de ambas normas “es una ley país, que era necesaria y cumple un mandato”.

“No nos podemos quedar en el artículo 49, que es importante, si no tiene un impacto en las leyes que más impacto tienen en la vida de las personas con discapacidad”, aseveró, al tiempo que puntualizó que “aquí no caben equidistancias”.

Por ello, tras subrayar que las personas con discapacidad no quieren “aplausos el 3 de diciembre”, por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Martín Blanco pidió “a los grupos parlamentarios, a todos, al PP y a Junts”, que, “si quieren estar con la discapacidad, si se quieren significar por la discapacidad, que ese día, cuando vaya a pleno, pulsen el botón verde”.

NEGOCIACIONES

Preguntado por las negociaciones, afirmó albergar “esperanzas” de que los grupos apoyen la reforma, convencido de que el PP va a posicionarse “como ha estado siempre, con la discapacidad” y de que los partidos de Gobierno deberán trabajar “mucho con todos”.

En este sentido, justificó que “sobre todo” quiso hacer referencia al PP porque fue el que “registró, junto con el PSOE, la reforma del artículo 49”. “Sería inexplicable que no la apoyara. Sería absolutamente incomprensible”, reconoció.

Por último, en cuanto a los plazos que maneja el Ejecutivo para sacar adelante la reforma, expresó su confianza en que “antes de irnos de vacaciones pueda ir a Pleno del Congreso”.

“Depende también de los otros partidos”, sentenció, sabedor de que, “cuanto antes esté esto en el BOE, antes habrá un fondo para sufragar los servicios de accesibilidad, antes tendrán los apoyos las familias, antes tendrán las prestaciones las personas con dependencia”.

“Llevamos mucho tiempo esperando. Ahora es la oportunidad de certificar que se está o no con la discapacidad”, apostilló.

TEXTO

Por lo que respecta a la reforma, hizo hincapié en que supone “el despliegue del artículo 49 de la Constitución” y en que la reforma “habla de inclusión, de autonomía personal, de accesibilidad universal, de protección reforzada a la infancia y a las mujeres”.

“La accesibilidad se erige como un derecho. Ahora es un principio rector y lo blindamos como derecho para que tengamos más fuerza cuando denunciemos”, destacó, al tiempo que avanzó que el Gobierno va a “ir más allá”.

Como ejemplos, mencionó la creación de un fondo estatal para sufragar los gastos en materia de accesibilidad a los servicios públicos así como la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal porque “tenemos a 100.000 compatriotas encerrados en sus casas y comunidades de propietarios que no tienen músculo para financiar un ascensor”.

“Las mujeres van a tener nombre propio en la ley y la infancia y la atención temprana, también”, explicitó, resaltando que la atención temprana pasa a ser derecho subjetivo “para que no haya un desequilibrio territorial”.

Junto a ello, celebró que el texto incorpora “un artículo específico para las familias con discapacidad” y que se reforma la ley de dependencia, dado que, desde su aprobación hace justo 20 años, la situación en España “ha cambiado sustancialmente”.

En este punto, reivindicó la “movilización sin precedentes de recursos para el sistema de dependencia” aprobado en el pasado Consejo de Ministros para las comunidades autónomas, y que era una de las barreras de PP y Junts para aprobar la reforma y que permitirá al Estado alcanzar el 50% de la financiación del sistema.

“Llegamos al 50% de la aportación del Estado para la financiación de la dependencia, para reducir las listas de espera, mejorar las prestaciones y para que las cuidadoras tengan condiciones laborales más dignas”, abundó, al tiempo que valoró la eliminación de las incompatibilidades, la articulación de una prestación transitoria hasta la definitiva, la creación de nuevos elementos residenciales para “que la persona pueda elegir” y de un banco de préstamos público.