Así lo anunció este viernes el gabinete dirigido por Pablo Bustinduy en un comunicado en el que precisó que las 21 aerolíneas objeto de esta iniciativa son Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Easyjet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling y Wizz Air.

Todas ellas estarán obligadas a actuaciones como “aclarar” que las emisiones de CO₂ relacionadas con un vuelo específico no pueden neutralizarse, compensarse ni reducirse directamente mediante contribuciones a proyectos de protección climática ni mediante pagos por el uso de combustibles alternativos para la aviación y utilizar el término “combustibles sostenibles para la aviación” solo si ofrecen la “debida justificación”.

Además, declarar “claramente” que la aviación es una industria “altamente contaminante” y “abstenerse” de utilizar terminología o imágenes “absolutamente ecológicas”, o cualquier afirmación ambiental “implícita”.

En paralelo, aclarar las afirmaciones relacionadas con el desempeño ambiental futuro, como, por ejemplo, cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, incluyendo “objetivos con plazos definidos, medidas alcanzables y los tipos de emisiones que se abordan”.

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Junto a ello, deberán garantizar que cualquier cálculo de emisiones de CO₂ se muestre de forma “clara y transparente”, de conformidad con la legislación de la UE y proporcionar “evidencia científica e información suficientes para respaldar cualquier comparación del desempeño ambiental”.

Esta iniciativa, que en España ha estado liderada por la Dirección General de Consumo, busca extender esta acción a todas las aerolíneas con vuelos que despeguen o aterricen dentro de la Unión Europea y supondrá que las autoridades de Consumo en cada país supervisen la implementación de estos compromisos de acuerdo con el calendario comunicado por cada aerolínea.

Desde el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy también se desarrollará y publicará, en coordinación con la Comisión Europea y la Red CPC, directrices que establezcan cómo se aplica el marco legislativo de la UE en materia de consumo a las declaraciones medioambientales en el sector de la aviación.

El objetivo, según Consumo, es “promover la transparencia y ayudar a las aerolíneas a que puedan adecuar sus prácticas comerciales a la normativa vigente”.