Así lo puso de manifiesto Accem con motivo de la conmemoración mañana del cuarto aniversario del regreso al poder de los talibanes tras la toma de Kabul, capital de Afganistán, un hecho que ha supuesto “un retroceso sin precedentes en materia de derechos humanos”.

La organización señaló que actualmente 4.575 refugiados afganos residen en España, mientras que 955 personas de esta nacionalidad se encuentran a la espera de resolución de su solicitud de protección internacional.

Desde 2021, Accem ha desarrollado un “modelo de intervención integral” a través del cual ha atendido a 1.674 refugiados afganos: 864 hombres y 810 mujeres. La mayoría de ellos son jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 34 años (674) y menores de edad (531). También ha prestado atención a 36 personas mayores de 65 años.

En la actualidad, Aceem acompaña a 73 personas procedentes de Afganistán: 36 hombres y 37 mujeres, la mayoría de las cuales se encuentra en la fase de autonomía del programa de protección internacional con el objetivo de “lograr una vida independiente en España”.

El programa antedicho incluye la cobertura de las necesidades básicas hasta el apoyo psicosocial, jurídico y formativo, incluyendo el aprendizaje del idioma, la formación para el empleo y la orientación profesional.

Según cifras del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), recogidas por Accem, la situación que vive Afganistán ha originado la salida del país de 5,3 millones de refugiados, siendo Irán y Pakistán los principales países de acogida, y ha provocado 3,2 millones de desplazamientos internos.

Accem lamentó el “retroceso en derecho humanos para la población afgana, que ha sido especialmente grave para las mujeres, con prohibiciones que atacan directamente a su autonomía, derechos y vida cotidiana, como cursar educación secundaria o universitaria o participar en la vida pública”.

En ese sentido, recordó que la ONU ha alerta de que Afganistán se ha convertido en el país en el que “más han retrocedido los derechos de las mujeres, con un régimen talibán que prohíbe su acceso a la educación, el trabajo, la movilidad sin tutor masculino, la atención sanitaria y la vida pública”.

Estas “prohibiciones sistemáticas” causan “un aislamiento estructural, alimentan el deterioro de la salud mental y contribuyen al aumento de matrimonios forzados, abusos y violencia de género”.

Este estado de la situación, continuó Accem, lo ha respaldado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en 2024 estableció que “toda mujer o niña afgana, por el mero hecho de serlo y tener nacionalidad afgana, corre el riesgo real de sufrir persecución, lo que constituye una forma de apartheid de género. Por tanto, deben ser reconocidas como refugiadas sin necesidad de demostrar un caso individual de persecución”.

Ante esta situación, Accem reclamó el “fortalecimiento de vías legales, seguras y eficaces para responder a las necesidades de protección de la población afgana”, como el procedimiento previsto en el artículo 38 de la Ley de Asilo, que permite el traslado de personas refugiadas desde terceros países para que soliciten protección en territorio español.

Por último, llamó a “reforzar el compromiso político, legal y humanitario con la población afgana, especialmente con las mujeres y niñas”, y observó que “sólo mediante respuestas firmes y sostenidas será posible garantizar su derecho a vivir con dignidad y libertad”.