Tal y como confirmó este jueves el Instituto Armado en un comunicado, las investigaciones se enmarcan en la estrategia ‘De la granja a la mesa’ de la Conformidad Europea (CE), desarrollada a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para “detectar ilícitos en la cadena de producción y velar por la seguridad alimentaria”.

Fruto de las pesquisas y de la colaboración con diversos organismos se ha podido detener e investigar a las citadas 93 personas, cuatro de ellas jurídicas, e inmovilizado o sacrificado por “irregularidades sanitarias o de bienestar” 673 ovejas, 368 aves ,184 cabras, 208 cerdos, siete caballos y un ciervo.

Una de las operaciones llevadas a cabo por los agentes fue la bautizada como ‘Pox’, en la que se desmanteló una organización criminal, que operaba en las provincias de Toledo, Ávila y Madrid, dedicada a introducir ilegalmente carne de ovino y caprino en la cadena alimentaria mediante explotaciones y mataderos clandestinos, sin control sanitario, y valiéndose de documentos falsificados.

El principal investigado gestionaba una explotación ilegal en Toledo junto con otros implicados. Transportaba ganado de explotaciones legales e ilegales hacia esta instalación, que acababan en mataderos clandestinos donde eran sacrificados “en condiciones insalubres”.

La carne obtenida se distribuía por canales irregulares a restaurantes de comida asiática en Madrid.

La operación concluyó con 30 investigados y la intervención de animales y productos cárnicos. Fue coordinada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona y Europol, además de autoridades autonómicas y locales de Madrid y Castilla-La Mancha.

Mientras, la operación ‘Antimicrobiano’ se desarrolló ante las irregularidades detectadas en la prescripción de recetas por parte de un veterinario de Córdoba y la posterior dispensación del medicamento en Córdoba y Ciudad Real. En la inspección, los agentes confirmaron la “mala práctica en la dispensación de medicamentos veterinarios sujetos a receta”. Fueron investigadas cuatro personas físicas y una jurídica por delitos contra la salud pública, intrusismo profesional y falsificación documental.

MEDICAMENTOS ‘ONLINE’

Además, en esa misma provincia, se investigó un comercio ‘online’ ilegal de medicamentos veterinarios. Los efectivos localizaron una nave clandestina con más de un centenar de productos ilícitos y más de mil medicamentos sin trazabilidad, destinados a envíos a nivel nacional. Fueron investigadas dos personas físicas y una jurídica por delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

En la provincia de Badajoz se desarrolló por su parte la operación ‘Saxum tubercum’, en la que se detectó la “manipulación fraudulenta de pruebas de tuberculosis bovina en una explotación ganadera”. Al inspeccionarla, los agentes localizaron medicamentos veterinarios y humanos sin control, así como “prácticas destinadas a ocultar la enfermedad”.

En esa misma provincia también se desarticuló un grupo familiar de seis personas dedicado a robar ganado ovino en la comarca. Ante la sospecha de que las ovejas sustraídas pudieran camuflarse en explotaciones cercanas, se intensificaron las inspecciones y controles en fincas anexas. Finalmente, se recuperaron los animales sustraídos y se inmovilizaron 262 cabezas sin trazabilidad.

DE BÉLGICA A MURCIA

Por último, los agentes desarrollaron la operación ‘Cabiano’ con la colaboración de los organismos oficiales en Bélgica. En ella se investigaron posibles irregularidades en la documentación para el transporte de caballos desde Bélgica hasta Cartagena (Murcia), los cuales iban a ser exportados posteriormente a Libia y Líbano. La investigación confirmó que los caballos no constaban en sus registros, imputándose la falsedad documental a los autores.

Asimismo, la Guardia Civil destaca que, gracias a la cooperación internacional y la coordinación entre diversos organismos nacionales del sector alimentario y ganadero, detectaron nuevos modus operandi, “identificado redes criminales vinculadas al transporte y comercio irregular de animales”, por lo que han reforzado las capacidades de respuesta frente a amenazas transfronterizas.

Durante estas investigaciones se han registrado 65 infracciones penales, siendo en su mayoría delitos de maltrato y abandono animal, y en menor medida relacionados con la salud pública por uso irregular de medicamentos veterinarios, intrusismo profesional, el destino de animales no aptos para consumo humano a la cadena alimenticia, la falsedad documental y la pertenencia a grupos criminales.

Por otro lado, ponen de relieve que de las 3.316 infracciones administrativas detectadas, el 81% de ellas han sido catalogadas como “incumplimientos a la normativa de sanidad animal y epizootias”, el 4% a la normativa sobre actividades clasificadas y el 3% a la normativa sobre animales de compañía, entre otras.