La reacción de Más Madrid llega después de que en el último Pleno las trabajadoras de las escuelas infantiles fueran expulsadas de la cámara por proferir gritos y lanzar folletos durante un debate sobre su situación laboral.

“He estado en ese Pleno cuando yo era Gobierno y cuando el Partido Popular u otros grupos traían a personas y a colectivos que legítimamente estaban enfadados con las decisiones del Gobierno de Manuela Carmena. No recuerdo que Manuela Carmena ni ningún concejal del Ayuntamiento de Madrid en su nombre expulsara a personas del Pleno por exhibir un cartel o por quejarse de lo que, repito, legítimamente tenían derecho a quejarse”, aseguró.

Subrayó que la democracia implica “expresar opiniones y aceptar las contrarias”. La portavoz acusó a Fanjul de querer transformar el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en "un espacio de silencio vigilado", una situación que Más Madrid no permitirá.

Maestre enfatizó el “deber y la responsabilidad de los concejales de escuchar a la ciudadanía”, tanto cuando las opiniones son favorables como cuando no lo son. Instó a Almeida y Ayuso a escuchar las reclamaciones de las trabajadoras de las escuelas infantiles, sugiriendo que deben pagarles lo que les deben, dejar de "regalar contratos", aumentar sus salarios y bajar las ratios, tal como las trabajadoras llevan reclamando durante "demasiados meses de huelga".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, aseguró que la resolución de Fanjul es “una muestra de que el presidente ha perdido la autoridad” y de que es “incapaz de mantener el orden y hacer bien su trabajo”. Añadió que esa incapacidad la “trata de suplir con resoluciones que lo único que muestran es de nuevo la censura”.

“La censura a que podamos hacer los concejales de la oposición nuestro trabajo y la censura a conocer de primera mano cuáles son los problemas de la ciudadanía cuando vienen las trabajadoras de las escuelas infantiles o cuando vienen los vecinos y vecinas afectados por la venta de viviendas a fondos buitre”, lamentó. Concluyó asegurando que esta situación supone “una pérdida de calidad democrática”.