Con esta iniciativa, dijo García, se pretende establecer plazos máximos en las cirugías, siendo de 15 días en cirugías preferentes y 60 días en las de menor gravedad.

Además, se propone que, en caso de incumplimiento de los plazos por un tiempo de espera mayor del 50%, el paciente pueda reclamar una indemnización consistente en el 50% de la cuantía de la intervención o prueba en cuestión consignado en el listado de precios públicos de la Comunidad de Madrid.

El portavoz de sanidad del citado grupo parlamentario, Javier Padilla, dijo que la Comunidad de Madrid “es de las pocas comunidades autónomas que no cuenta con leyes que garanticen plazos máximos de espera para cirugías, pruebas o consultas externas. Esta ley pretende establecer esos plazos, poniendo un máximo de 15 días para una cirugía cuando se sospecha algo maligno y de 60 días para cirugías de menor gravedad, de 21 días para una prueba y de 30 días para una consulta”.

Asimismo, añadió, “queremos que las promesas que se lanzan en discursos, en mítines, se conviertan en leyes para garantizar derechos a los madrileños y madrileñas”.

Dijo que, actualmente, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades que no cuenta con una ley que garantice los tiempos máximos de espera que ha de soportar un paciente para una intervención quirúrgica, una prueba diagnóstica o terapéutica, o una consulta externa y, además, tras el peor año de la pandemia, las listas de espera no han parado de crecer.