Esos datos significan que una de cada cinco personas está en exclusión social, no solo por la falta de ingresos, sino que incluye dificultades para acceder a vivienda, empleo, salud, educación, así como para participar en la vida política o mantener relaciones sociales.

El informe muestra que, pese a que el nivel de exclusión se ha reducido 2,5 puntos con respecto a 2021, no se han recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Hay 230.000 personas más en situación de exclusión social que en 2018. Además, el crecimiento económico de la región no ha ido acompañado de una evolución semejante en los niveles de integración social. De hecho, se puede apreciar una erosión de la clase media y un aumento de la exclusión severa.

La organización católica subraya también que la vivienda es hoy un problema de exclusión y desigualdad, afectando al 23% de la población madrileña. Una parte creciente de la población no puede acceder a una vivienda en propiedad y tiene que hacer frente a elevados costes de alquiler. Más de la mitad de los hogares en régimen de alquiler destinan a los gastos de vivienda más del 30% de su presupuesto mensual.

Uno de cada seis hogares (390.000 hogares), una vez pagados los gastos básicos, cae por debajo del umbral de la pobreza severa. Asimismo, cabe destacar que más de un millón de personas están en situación de vivienda insegura o inadecuada (inestabilidad en la tenencia de la vivienda o por dificultades legales, problemas de hacinamiento, habitabilidad o insalubridad).

Aunque Madrid es la comunidad autónoma donde más ha crecido el empleo (desde 2018 el número de personas ocupadas ha aumentado un 15% y la tasa de paro ha descendido al 9%), la exclusión no mejora ya que el estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar ya no garantice la inclusión social. El 11% de los hogares madrileños están afectados por problemas de exclusión en el empleo (inestabilidad laboral grave, parcialidad involuntaria, desempleo).

Asimismo, los niveles de exclusión social en la dimensión de salud han mejorado significativamente respecto a 2021, aunque los datos del estudio reflejan desigualdad en el acceso a la salud en algunos ámbitos: un 6% de la población no puede permitirse una terapia psicológica; 1 de cada 5 madrileños no puede hacer frente a tratamientos odontológicos; o el 13% de la población tiene dificultades para afrontar el gasto de medicinas o tratamientos. Otra realidad que muestra el Foessa es que en Madrid el porcentaje de personas que combinan un seguro privado con la sanidad pública ha pasado del 2% al 15% desde 2018.