A través de un pronunciamiento público difundido este lunes, la IBA indicó que, de hacerse efectivo el pacto entre PSOE y Junts, hay aspectos que “erosionarán de forma grave el Estado de derecho en España”. Se destaca todo lo relacionado con el 'lawfare' y las comisiones parlamentarias para analizar las actuaciones judiciales referidas al 'procés' o a la actuación de independentistas.

La IBA destacó “la importancia y la necesidad de protección de un Estado de derecho fuerte, basado en la separación de poderes, donde el poder judicial actuando de forma independiente y sometido únicamente al imperio de la Ley” garantice los derechos de los ciudadanos.

Por otra parte, el escrito recoge algunas de las conclusiones del Colegio de Abogados de Madrid y recuerda que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado su "rechazo frontal" al 'lawfare'. Según la IBA, son “inadmisibles" las referencias a que comisiones parlamentarias pudieran examinar lo decidido por los jueces durante el 'procés'.

"SIN FISURAS"

Finalmente, esta red de abogados apoya "sin fisuras" los pronunciamientos contra la amnistía y el 'lawfare' realizados por asociaciones de jueces, fiscales y empresas privadas de abogados. Los letrados destacan cómo estos funcionarios y profesionales han hecho pronunciamientos en favor de "la protección del Estado de derecho en España".

Al mismo tiempo, la IBA alude a que el pronunciamiento del CGPJ se ha remitido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta del mismo órgano, Vera Jourova; al comisario de Justicia, Didier Reynders; y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Lo que piensa el órgano de gobierno de los jueces también ha sido enviado al Alto Representante y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, así como al presidente de la Red Europea de Consejos de Justicia.

La IBA también menciona que las cuatro asociaciones judiciales españolas han manifestado, en una declaración común, su rechazo al contenido del acuerdo en cuanto considera que supone una "interferencia en la independencia judicial” y la “quiebra en la separación de poderes en España”.