Fernández Seijo valoró el anuncio de la asociación Defensor del Paciente de difundir a través de la red Internet los nombres y apellidos de los facultativos condendados, junto a la transcripción de la sentencia respectiva.

"Entendemos que el hecho en sí de que se publique (esta información) no es perjudicial, siempre que se garantice que la sentencia es firme, porque puede ser de interés para los ciudadanos", explicó a Servimedia el portavoz de JpD.

"Es el mismo caso" prosiguió, "que se presenta con la difusión de los policías condenados en firme por malos tratos. Al igual que sucede con los médicos, eso puede ser de interés para los ciudadanos. Además, no se pueden poner puertas al campo: la regla general es la libertad de información".

En cualquier caso, agregó, la persona que se sienta afectada por la difusión de este tipo de información dispone de instrumentos legales para impedir que la misma se produzca o, en su caso, reclamar una indemnización.

"En eso casos", indicó, "lo que entra en funcionamiento es la ley de 1982 sobre la Protección a la Intimidad, al Honor y a la Propia Imagen, que tanto en el ámbito civil como penal y a petición del afectado conduce a los jueces a tomar medidas, como pueden ser retirar la publicación o establecer una indemnización".