Se trata de disposición final cuarta del Real Decreto 813/2026, aprobado hace tres semanas en Consejo de Ministros y que obliga a las empresas operadoras de juego online con licencia estatal a verificar los medios de pago de sus usuarios de forma que la persona que figura como titular de la cuenta de juego sea la misma que figura como titular del medio de pago utilizado para realizar los pagos (depósitos) y las retiradas, según precisó el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado.

Esta medida busca “reforzar” la protección de las personas usuarias, “dificultar” el uso de medios de pago pertenecientes a terceras personas y mejorar la seguridad del entorno digital del juego. Especialmente en lo relativo a la suplantación de identidad, un problema que en 2025 tuvo un “repunte” de casos, subrayó el ministerio.

En concreto, el año pasado, las denuncias por suplantación de identidad en el juego online aumentaron un 12% en España. Según datos recogidos por el PACS, el protocolo de actuación para contribuyentes suplantados que puso en marcha Consumo en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria, en 2025 se registraron 8.675 denuncias.

Estos datos recopilados por Consumo a través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ( pusieron de manifiesto que las personas que suplantan identidades recurrían a medios de pago cuya titularidad resulta “difícil” de verificar en tiempo real como tarjetas bancarias y monederos electrónicos.

Así mismo reflejaron que este problema “no se limita únicamente a casos aislados o al ámbito privado y familiar, sino que también puede constituir un indicio de actividades desarrolladas por organizaciones criminales vinculadas al blanqueo de capitales”, según el departamento de Bustinduy.

PERIODO TRANSITORIO

Con la entrada en vigor de esta normativa, se persigue reducir esta actividad delictiva para garantizar un espacio seguro en el juego online de ámbito estatal, tanto para las nuevas cuentas que se creen, que están sujetas a esta nueva medida desde este miércoles, como para las cuentas ya creadas, que tendrán un período transitorio de seis meses para que los operadores de juego adapten sus medios de pago y sus sistemas técnicos a los nuevos requisitos.

Durante ese periodo, las personas jugadoras ya registradas podrán seguir realizando depósitos con los medios de pago que tuvieran establecidos y participar en los juegos ofrecidos por el operador, pero no podrán retirar los premios obtenidos hasta que se verifique el cumplimiento de la obligación.

Si, una vez transcurridos los seis meses no se ha acreditado la coincidencia de titularidad, los operadores deberán resolver unilateralmente el contrato y comunicarlo a la DGOJ.

Y, en esos casos, deberán devolver también los saldos existentes, incluidos los premios que no se hubieran abonado durante el periodo transitorio, sin perjuicio de las obligaciones aplicables en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.