Así se recoge en el último informe sobre esta materia elaborado por la ONG Global Witness, que recoge datos anuales en colaboración con más de 30 organizaciones locales, nacionales y regionales en más de 20 países.

Los casos documentados para el informe, difundido este miércoles, se someten a un riguroso proceso de verificación de datos antes de su publicación y tras el uso de fuentes fidedignas como información de organizaciones aliadas, reportajes periodísticos, registros judiciales y otras fuentes públicas. “Debido a las limitaciones en la recopilación y verificación de datos, es casi seguro que las cifras subestimen la verdadera magnitud de la violencia”, según Global Witness.

AMÉRICA LATINA

De todos los asesinatos documentados en 2025, el 85% tuvo lugar en América Latina, región que se ha posicionado como la más peligrosa del mundo para las personas defensoras del ambiente y el territorio desde que Global Witness comenzó a publicar su informe anual en 2012. Desde entonces se han documentado 2.375 personas asesinadas y desaparecidas por defender el territorio o el medio ambiente.

La serie histórica, recogida por Servimedia, indica que el año más trágico fue 2020 (226 personas asesinadas o desaparecidas), seguido de 2019 (212), 2017 (201), 2021 (200), 2016 (198), 2023 (196), 2015 (183), 2022 (177), 2018 (165), 2024 (146), 2012 (139), 2025 (124), 2014 (117) y 2013 (91).

Más de tres cuartas partes de las personas asesinadas el año pasado eran personas campesinas, indígenas o afrodescendientes. Los asesinatos del año pasado tuvieron lugar en América Latina, Asia y África.

Colombia, por cuarto año consecutivo, fue el país más peligroso del mundo para las personas defensoras, con 39 asesinatos, de los cuales casi la mitad eran de personas indígenas.

El segundo país más peligroso resultó ser Brasil, donde 26 defensores fueron asesinados en 2025, más del doble que el año anterior. Otros países con un elevado número de víctimas mortales fueron Honduras y Filipinas (12 asesinatos documentados cada uno), seguidos de México (10) y Guatemala (8).

MOTIVOS

Las disputas territoriales estuvieron asociadas a más de la mitad de los asesinatos documentados el año pasado. Los intereses extractivos y comerciales también siguieron presentes en los ataques contra las personas defensoras: las industrias mineras y extractivas se vincularon a 11 asesinatos, los intereses madereros a ocho y la agroindustria a seis.

Más de un tercio de los asesinatos estuvieron asociados al crimen organizado o a asesinos a sueldo. Se identificó a actores vinculados al crimen organizado como perpetradores de los crímenes en casos ocurridos en varios países.

INDÍGENAS Y CAMPESINOS

Si bien los asesinatos documentados en Asia fueron menores, el informe destaca la criminalización e intimidación generalizadas de las personas defensoras en todo el continente.

Estas acusaciones criminales, que a menudo se amplifican mediante campañas de desprestigio en las redes sociales, buscan desacreditar a las personas defensoras del ambiente y el territorio, presentándolas como criminales e instigadores en lugar de como personas defensoras en primera línea, según el informe.

En diversas regiones, los pueblos indígenas y campesinos fueron blanco frecuente de ataques. Global Witness documentó el asesinato de 44 personas indígenas en 2025.

El informe describe cómo las comunidades de varios países utilizan mecanismos de protección colectiva como parte de la defensa tradicional de sus territorios, derechos y medios de subsistencia. Esto incluye patrullas territoriales, sistemas de alerta temprana, redes de monitoreo comunitario y fortalecimiento de capacidades comunitarias, respaldados por ricas prácticas culturales y, a menudo, espirituales.

“Los defensores son los ojos y los oídos del mundo sobre el territorio. Gracias a ellos sabemos cuándo se destruyen los ecosistemas, dónde se talan los bosques o se contaminan los ríos”, según Toby Hill, investigador y autor principal del estudio sobre defensores de la tierra y el medio ambiente.

Hill añade: “La violencia que sufren las personas defensoras, incluidos los asesinatos en los casos más extremos, refleja una lucha mucho más amplia por el territorio y los recursos del mundo. Pero, más allá de estas historias trágicas, no podemos olvidar a los miles de defensores de todo el mundo que trabajan a diario para proteger sus territorios y culturas bajo una presión cada vez mayor”.

LABOR “PELIGROSA”

En Perú, las comunidades kakataibo han establecido una Guardia Indígena para proteger su tierra y cultura de la violencia y la degradación vinculadas al crimen organizado y al cultivo ilegal de coca. Los miembros de la comunidad ahora patrullan sus territorios, monitorean las incursiones ilegales y protegen una de las regiones con mayor biodiversidad de la Amazonía.

“Defender nuestro territorio es importante para nosotros como comunidad y como pueblo, y nos enorgullece defender el clima del que todos dependemos. En nuestra cultura, la labor de defender nuestros recursos y territorio se enseña desde temprana edad. Pero para la próxima generación, esta labor es más peligrosa que nunca”, apunta Segundo Ispón, comandante de la Guardia Indígena Kakataibo de Perú.

En Asia, el informe documenta cómo se utilizan las acusaciones criminales para estigmatizar los mecanismos de protección colectiva que los pueblos indígenas emplean para defender sus tierras. Esta criminalización e intimidación de los defensores es una tendencia profundamente preocupante que Global Witness ha documentado anteriormente.

En Indonesia, por ejemplo, el pueblo indígena Dayak, que se opuso a las actividades de un productor de pulpa de madera en sus tierras y a la contaminación de las fuentes de agua locales, se enfrentó posteriormente a una serie de acusaciones penales que podrían acarrear años de prisión.

“Cada vez que las comunidades emprenden acciones para defender sus derechos territoriales, preservar y proteger sus leyes y territorios consuetudinarios, se intenta criminalizar a la persona que lidera esa lucha”, señala Ahmad Syukri, director ejecutivo de Link-AR Borneo, organización con sede en Kalimantan Occidental que apoya a los pueblos indígenas en conflictos territoriales.

CLIMA GLOBAL ADVERSO

El entorno político global para la protección de los derechos humanos y de quienes los defienden se vio seriamente debilitado en 2025, debido al aumento de prácticas autoritarias, conflictos violentos y el poder corporativo sin regulación, sumado a una crisis de financiación para los derechos humanos.

El informe señala que la caída sin precedentes de la ayuda exterior registrada en 2025 (impulsada por los recortes presupuestarios de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y otros donantes tradicionales) afectó a miles de organizaciones de derechos humanos, lo que redujo drásticamente el apoyo global a las comunidades que operan en las profundidades de las selvas tropicales y otros ecosistemas aislados.

“Los efectos de estos recortes presupuestarios no son abstractos. En Colombia, los proyectos que trabajan para promover y proteger los derechos humanos y apoyar a los defensores se han visto afectados por la repentina caída de la ayuda exterior, en particular la proveniente de Estados Unidos”, indica Juliana Vélez Echeverri, sénior de campaña de Global Witness.

Echeverri recalca: “Cuando la ayuda exterior disminuye, los pueblos indígenas y campesinos pueden quedarse con menos recursos y menos apoyo para defender los bosques, ríos y otros ecosistemas que sustentan a sus comunidades y contribuyen a mantener la estabilidad del clima global”.