La jueza investiga su posible responsabilidad en la difusión de datos personales y fotografías de dos periodistas de 'El País' que investigaban el presunto caso de fraude fiscal por el que se investiga a la pareja de la presidenta autonómica, Alberto González Amador.

La instructora, Raquel Robles, ha acordado también llamar a declarar a un testigo y a los dos periodistas víctimas de la presunta revelación de secretos. Todos ellos comparecerán el día 6 de mayo.

El escrito de la jueza ordena la identificación de la escolta de la Policía Nacional que protege a Díaz Ayuso y que el día 19 de marzo de 2024 procedió a identificar a los reporteros y de los que se sospecha que están en el origen de la posterior filtración.

La denuncia planteada en un primer momento por el Partido Socialista y por el diario 'El País' no fue admitida a trámite, pero después la instancia superior de la Audiencia Provincial ordenó su admisión a trámite y la investigación de los hechos.

Miguel Ángel Rodríguez difundió en un chat en el que había 18 contactos que los dos periodistas habían estado "acosando a los vecinos" de la presidenta Ayuso. La denuncia de ‘El País’ acusaba a la 'mano derecha' de la presidenta madrileña de exponer los datos de los reporteros de forma delictiva y de la obtención irregular de los datos que difundió.

La Audiencia de Madrid ordenó admitir la querella teniendo en cuenta las declaraciones hechas por el propio Miguel Ángel Rodríguez en una entrevista al diario ‘El Mundo’ en marzo de 2024 en la que preguntado por las razones que le llevaron a hacer públicos los datos de los periodistas respondió que "estaban acosando a menores, entregándoles su tarjeta de visita para que les llamaran. Eso no se hace”, señaló antes de destacar que sólo difundió los datos a “18 personas. Nada más".

Sobre la mesa está también la necesidad de esclarecer si fueron los escoltas de Ayuso los que facilitaron a Rodríguez la información de los reporteros. En ese sentido, el auto de la jueza recuerda que el artículo 5.5 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Ley 2/1986) obliga a los agentes a “guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones”.

Así, los datos de los periodistas obtenidos por un agente de policía tenían un “indudable carácter reservado”, por lo que "es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si éste efectivamente divulgó los mismos".