En un comunicado, las organizaciones Greenpeace, Unicef, Manos Unidas, Intermón, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Médicos sin Fronteras, Asociación para la Colaboración y Desarrollo de Camboya y Servicio Jesuita a Refugiados critican que el Gobierno de Aznar haya propuesto en la capital noruega una enienda al tratado internacional contra las minas, en la que se abren excepciones geográficas donde los Estados puedan utilizar las minas.

"El Gobierno español ha dejado claro que no quiere que haya un tratado internacional que prohíba definitivamente el uso, producción, almacenamiento, comercio, exportación y transferencia de todo tipo de minas antipersonales", señala la nota pública.

Para estos colectivos, las tesis mantenidas por España en Oslo "confirman las sospechas de que el Gobierno de Azna va a intentar seguir fabricando algunos tipo de minas con el pretexto de seguir utilizando éstas en Ceuta y Melilla, zonas para las que quiere conseguir unas excepciones geográficas".