Así consta en la orden ministerial publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

La orden ministerial, según recordó el Ministerio de Hacienda y Función Pública, “es el punto de partida para iniciar los trabajos de preparación de las cuentas públicas del próximo año”.

Asimismo, el departamento ministerial liderado por María Jesús Montero destacó que “el objetivo de los Presupuestos de 2023 es consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo que se inició en 2021 y continúa en 2022, pero teniendo en cuenta el contexto internacional actual marcado por el impacto que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando en la economía con el encarecimiento de los precios de la energía y de otros productos”.

En este contexto, Hacienda subrayó que “la economía española afronta esta situación de incertidumbre global desde una posición sólida, con un patrón de recuperación muy distinto al de crisis anteriores y con unos fundamentos más robustos”. En ese sentido, resaltó que “hay que destacar que España registra el nivel de empleo más alto desde 2008 y, además, con un aumento muy significativo de los contratos indefinidos, que ya suponen uno de cada dos nuevos contratos firmados”.

El Gobierno también apunta que “ya ha adoptado medidas para combatir el aumento de la inflación provocado por la guerra” mediante, por ejemplo, la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, las ayudas directas a transportistas, agricultores o la industria gasintensiva o la rebaja de impuestos a la electricidad.

Además, la orden recuerda la decisión de la Comisión Europea de extender a 2023 la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por la que las reglas fiscales seguirán suspendidas durante el próximo ejercicio, al igual que en 2020, 2021 y 2022, permitiendo a los Estados miembros realizar un mayor gasto público. A este respecto, Hacienda subrayó el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal “al lograr en 2021 la mayor reducción del déficit con una disminución de 3,3 puntos sin contar la ayuda financiera”, y recordó el objetivo de continuar reduciendo el déficit hasta llevarlo por debajo del 3% en 2025 y situar la deuda pública por debajo del 110% ese mismo año.

Entre las novedades que recoge la orden de cara a la elaboración de los Presupuestos, una es que refuerza el análisis transversal de las cuentas públicas bajo diversas perspectivas, añadiendo para las cuentas de 2023 un nuevo Informe de alineamiento con la transición ecológica.

Este informe acompañará a los análisis de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de impacto de género y del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, y a la información presupuestaria sobre la juventud y sobre las actuaciones referentes al reto demográfico y a la lucha contra la despoblación.

Además, los Presupuestos de 2023 continúan con el proceso iniciado en las cuentas públicas de 2022 incorporando los resultados de los procesos de revisión y evaluación del gasto público -‘spending reviews’- en el ciclo presupuestario.

PRIORIDADES

La orden también recoge como prioridad para los criterios de asignación de los recursos “aquellos que permitirán continuar impulsando un proceso de transformación estructural de la economía para contribuir a la consecución de un desarrollo más resiliente y sostenible desde el punto de vista económico y financiero, avanzando hacia un país más verde, más digital, más cohesionado desde el punto de vista social y territorial y más igualitario”, en palabras de Hacienda.

Entre ellos está “fomentar la transición verde, justa, ecológica y digital mediante el apoyo a inversiones de gran escala que contribuyan a cumplir con los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética” y “avanzar hacia un modelo de crecimiento sostenible y de economía circular para la agricultura y la pesca, la industria y los servicios, que a su vez apuesta por las energías renovables, el autoconsumo, el reciclaje y la reutilización del agua”.

También “reducir la dependencia general de los combustibles fósiles; apoyar la inversión complementaria en el almacenamiento, la infraestructura de red, la electrificación de los edificios y el transporte, y el hidrógeno renovable; ampliar la capacidad de interconexión energética; y aumentar la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes”.

La orden también señala como prioridades la digitalización; la ciencia y la I+D+i y las nuevas tecnologías; la plena inclusión intergeneracional de los jóvenes; apoyar a los sectores más afectados y los colectivos más vulnerables por la escalada de los precios energéticos; la modernización del tejido productivo; la cohesión social y territorial; la igualdad de género; las políticas de empleo; y la economía de los cuidados.