Nuevo gobierno

La ministra de Igualdad tendrá entre sus retos el “blindaje” del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la ley de trata

MADRID
SERVIMEDIA

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid Ana Redondo García será la nueva ministra de Igualdad del Gobierno a lo largo de la próxima legislatura, en sustitución de Irene Montero, y tendrá entre sus retos la “renovación y blindaje” del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la ley de trata.

Nacida en Valladolid en 1966, es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, licenciada en Derecho y Doctora en Derecho Constitucional.

Militante del PSOE, es miembro del equipo jurídico del Instituto de Estudios para América Latina y vocal del Foro XXI de la Fundación Internacional y Para Iberoamérica De Administración y Políticas Públicas (Fiiap) del Ministerio de Administraciones Públicas para sus relaciones con América Latina.

Fue secretaria de Formación del PSOE de Valladolid, procuradora por dicha provincia en las Cortes de Castilla y León en 2007 y 2011 y vicepresidenta del PSOE de Castilla y León entre 2012 y 2014.

Portavoz del Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León entre 2008 y 2011 y desde 2014 a 2015, es concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid desde 2015, responsable de Cultura y Turismo durante la última legislatura.

PRIORIDAD

En el transcurso de su intervención en la primera sesión del debate de investidura como candidato a la Presidencia del Gobierno de la XV Legislatura, el presidente Pedro Sánchez aseveró que “garantizar” que España siga siendo un “referente en igualdad” es una de las “prioridades” del nuevo Ejecutivo, convencido de que "mejorar la vida de las mujeres es alcanzar la igualdad plena y efectiva".

Para “corregir” las “desigualdades” que, a su juicio, “persisten”, avanzó la aprobación de una Ley de Representación Paritaria, la ampliación del permiso de paternidad y maternidad a las 20 semanas, la universalización de la educación pública desde los dos años y la concesión a las familias monoparentales con dos hijos del mismo nivel de protección del que disfrutan las familias numerosas.

También en el ámbito de la igualdad, se comprometió a buscar un Pacto de Estado por las personas Lgtbi, que considera "más necesario que nunca".

Según recoge el documento ‘España avanza. Una nueva coalición de gobierno progresista’, que suscribieron PSOE y Sumar para reeditar el Gobierno de coalición, entre los retos pendientes del nuevo Ejecutivo en esta área está el “refuerzo” del “compromiso” de lucha contra las “violencias machistas”, asegurando una “dotación suficiente” para “garantizar” la prevención, “reforzar” la atención, protección y “reparación” a las víctimas.

BLINDAJE PACTO DE ESTADO

En paralelo, destaca la “renovación y blindaje” del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para “reforzar su eficacia” y abordar de manera “integral” las formas de violencia “no suficientemente reguladas en la actualidad”, incluyendo la trata con fines de explotación sexual, el acoso sexual, el acoso laboral por razón de sexo, los ciberdelitos o la violencia vicaria, que se trabajarán desde una “perspectiva integral”.

Junto a ello, fomentará los servicios de atención integral a las mujeres en los centros de salud y de servicios sociales que deben utilizarse como “espacios de cribado universal para los casos de violencia de género”, convirtiéndolos en “lugares de detección precoz de la violencia contra las mujeres”.

Además, ampliará y creará donde no existan Unidades de Valoración Forense y Juzgados especializados en Violencia contra la Mujer para “fortalecer” el sistema de respuesta judicial a las mujeres víctimas y se establecerán también medidas para “prevenir y perseguir” la ciber-violencia “en cualquiera de sus formas”.

El nuevo Ejecutivo también se compromete a tramitar una ley integral contra la trata de personas que cubra “todas y cada una de las distintas formas de trata, con especial atención a las que afectan principalmente a las mujeres”.

Por otra parte, prestará “especial atención” a las medidas destinadas a prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el trabajo, incluidos los protocolos contra el acoso y promete trabajar para “seguir eliminando barreras y la brecha salarial de género”.

LEY DE LIBERTAD SEXUAL

Otra de las tareas de la nueva ministra será la de “reforzar” los medios para “garantizar” una aplicación “efectiva” de la Ley de Libertad Sexual o el “blindaje” de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, garantizando el acceso “efectivo” al derecho al aborto desde los servicios públicos de salud “en condiciones de igualdad y proximidad”.

Del mismo modo, promoverá el acceso a técnicas de reproducción asistida financiadas por el sector público para mujeres, asegurando la “no discriminación de mujeres lesbianas o sin pareja”.

Por otro lado, pretende aprobar una Ley contra el Racismo, “en sintonía” con el Plan de Acción de la Unión Europea Antirracismo 2020-2025 para “prevenir y, en su caso, denunciar, sancionar y reparar la intolerancia y la discriminación racial” y revisará la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte para “fortalecer la prevención de esos fenómenos”.

Por su parte, las entidades que conforman el Pacto Social frente a los Discursos de Odios contra grupos en situación de vulnerabilidad exigieron al nuevo Gobierno que trabaje también para auspiciar con el conjunto de las formaciones políticas un pacto de Estado contra los discursos de odio para “erradicar el señalamiento por parte de algunos representantes públicos a colectivos en situación de vulnerabilidad”.

Por último, la nueva titular de Igualdad también tendrá que dar respuesta a la proposición registrada por el PP en la Asamblea de Madrid para derogar las leyes trans y Lgtbi autonómicas.

(SERVIMEDIA)
20 Nov 2023
MJR/gja