Esta reunión, recogida en la agenda del Gobierno, se celebrará un día después de que el Congreso de los Diputados aprobara la reforma del artículo 49 de la Constitución, referido a las personas con discapacidad, que deberá afrontar ahora el trámite en el Senado.

También un día después de que la propia Rodríguez alejara la posibilidad de llevar a cabo la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que reclama el Cermi, entre otras entidades, para evitar que las comunidades de vecinos puedan rechazar la implementación de reformas de accesibilidad si las obras superan determinado importe.

En unas declaraciones este jueves ante los medios de comunicación, Rodríguez señaló que la rehabilitación de viviendas es una línea estratégica del Ejecutivo, tanto para mejorar la accesibilidad como la eficiencia energética, pero apuntó que en la cuestión de las reformas de accesibilidad “no es tanto un problema de carácter legal, sino de disposición de fondos” porque son “obras costosas” para las comunidades de vecinos, que suelen encontrarse, además, en “zonas más deprimidas”.

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal es una reivindicación histórica del sector de la discapacidad en materia de vivienda. La modificación implicaría acabar con el límite de 12 cuotas mensuales de los gastos comunes de la comunidad de vecinos a la hora de obligar a afrontar obras de mejora de la accesibilidad. Por debajo de este límite, la mejora se puede imponer, pero si el gasto lo excede, los vecinos no están obligados a asumirlo. En la práctica, esto supone que muchas reformas no se llevan a cabo.