La modificación del Reglamento de la Cámara Alta fue debatida en el Pleno de esta jornada y será votada a lo largo del día. La actualización incluye medidas para fortalecer la rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Senado y permite que la oposición solicite la comparecencia si el Gobierno no acude a las sesiones programadas.

La propuesta, presentada por el PP el 7 de marzo y tomada en consideración por el Pleno el 11 de junio, contempla la modificación de 122 artículos del Reglamento con el objetivo de modernizar y mejorar la eficacia del funcionamiento de la institución.

Entre las principales novedades figura la regulación de los límites en el tiempo de intervención de los ministros, con un máximo de 40 minutos para sus exposiciones iniciales y entre 10 y 15 minutos para réplicas, lo que busca gestionar mejor los debates parlamentarios.

NUEVAS COMISIONES

La reforma establece la creación de dos nuevas comisiones: la Comisión General de las Entidades Locales, como comisión "reforzada" según el modelo de comunidades autónomas, y la Comisión de Vigilancia de las contrataciones de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal.

El texto también contempla la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional en caso de bloqueos o retrasos injustificados por parte del Congreso en la tramitación de proposiciones de ley del Senado, una vía que busca garantizar el ejercicio de la función legislativa.

Se incorpora al Reglamento la potestad de la Mesa de rechazar el veto del Gobierno a proposiciones de ley o enmiendas por razones presupuestarias si se aprecia que los motivos alegados no son fundados, según recoge el nuevo articulado.

MÁS VOTO TELEMÁTICO

La reforma incluye la regulación del voto telemático para senadores autonómicos y las reuniones telemáticas, así como la flexibilización de este sistema por razones de conciliación o salud, eliminando el obsoleto sistema de votación por bolas blancas y negras.

Se rebajan los requisitos para solicitar la creación de comisiones de investigación, que ahora podrán ser solicitadas por veinticinco senadores sin necesidad de que pertenezcan a más de un grupo parlamentario, facilitando así el control parlamentario.

Al inicio de cada período de sesiones, un miembro del Gobierno deberá comparecer ante la Comisión Constitucional para rendir cuentas del cumplimiento de las mociones aprobadas por el Senado en el semestre anterior, reforzando el seguimiento de los acuerdos.

La normativa actualiza la regulación sobre tramitación de mociones, especificando las causas de no admisión, eliminando la exigencia de presentar evaluación de coste económico y facilitando las propuestas de modificación de estos instrumentos parlamentarios.

"TRABAJO SERIO Y RIGUROSO"

Durante el debate, varios grupos parlamentarios presentaron enmiendas para ampliar el uso de las lenguas cooficiales en la actividad parlamentaria, propuestas que fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.

El senador de Vox Ángel Gordillo defendió la limitación del uso de lenguas regionales en el Senado, ya que "constituye un ataque contra el sentido común" y genera "gastos políticos innecesarios" en servicios de traducción.

Por su parte, representantes de ERC, PNV, BNG y Compromís reivindicaron el derecho a usar más sus lenguas oficiales en la actividad parlamentaria, puesto que su prohibición supone una "discriminación" respecto a los diputados del Congreso.

El senador del PP Antonio Silván defendió la reforma como "un trabajo serio y riguroso" que busca "devolver al Senado el papel que la Constitución le dio" y criticó al PSOE por no presentar "ni una sola enmienda" a la propuesta de modificación reglamentaria.