Así lo consideró Raquel García Hermida-van der Walle en una rueda de prensa en Madrid, tras la conclusión de la visita realizada a España por una delegación oficial del Parlamento Europeo para analizar la situación del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales, en el marco de una misión del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) de la Eurocámara.

Una vez cumplida su misión junto a los eurodiputados Javier Zarzalejos (PPE, España), Alessandro Zan (S&D, Italia), Jorge Buxadé Villalba (PfE, España) y Assita Kanko (ECR, Bélgica), la eurodiputada subrayó que, sin entrar en conclusiones que se podrán conocer en dos o tres meses cuando se presente el informe la misión, los intercambios mantenidos en los dos días de visita habían sido “abiertos, constructivos y sustantivos”.

También agradeció la disponibilidad de los interlocutores a nivel institucional, de la sociedad civil, organizaciones, entidades profesionales, asociaciones, organismos del Poder Judicial, o el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia que se reunieron con ellos.

En este punto, subrayó que uno de los mensajes “claves para llevarnos de vuelta a Bruselas y a Estrasburgo”, es la existencia de “un debate social vivo, que tiene distintas posiciones y que entra dentro de la muy bienvenida por el Parlamento Europeo salud democrática, de una democracia madura” como España.

“La sociedad civil en España y la libertad que hemos visto de los interlocutores para expresar sus opiniones tanto ante una cámara como en comunicados de prensa, dice mucho de la libertad que se vive en el Estado español a la hora de expresar opiniones”, aseguró.

“Y sin entrar en detalles o casos particulares”, señaló, les consta “que en otros países en estos momentos, desgraciadamente, no es así”.

Para ella, “la riqueza del debate social en España es algo que hay que cuidar y fomentar”, y es algo “de lo que los españoles, desde mi punto de vista, como europarlamentaria holandesa, se pueden sentir bastante orgullosos”.

Aunque admitió que “hay muchas posiciones enfrentadas sobre muchas cosas”, recalcó que la delegación no estaba “para criticar a la sociedad española en absoluto”, sino para “hacer seguimiento de posibles elementos que puedan afectar a la calidad de la vida democrática y de la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

Y en ese sentido, dijo, como les correspondía al ser políticos europeos, “siempre es bueno emitir un mensaje de calma y de conciliación, puesto que los retos a los que nos enfrentamos como sociedad, tanto española como europea, son importantes y nos necesitan a todos”.

En otro orden de cosas, la eurodiputada lamentó que “a pesar de la invitación” cursada no hubieran podido hablar en estos dos días con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Explicó que lo traía a colación “porque es práctica habitual”, aunque admitió algunos precedentes donde esos estamentos del Estado no se reunieron con este grupo.

En concreto, recordó el antecedente con el gobierno de Grecia del primer ministro Kyriákos Mitsotákis, y en Eslovenia durante un Ejecutivo anterior al actual.