Según Molins, "España sigue siendo el país en el que el fraude es tan elevado que obliga a tener una presión fiscal desmesurada", motivo por el que justificó el que se acometan medidas tendentes a evitar este tipo de actuaciones.

En cuanto a la elevación del mínimo defraudado, el diputado catalán explicó que hay que ser "muy cidadosos, porque soportamos una importante presión fiscal y por otro lado estamos pidiendo que se aumente el tope mínimo para aquellos que defraudan, y para los que contribuimos es una situación incómoda".

Joaquim Molins no quiso pronunciarse sobre la cantidad en la cual se debería fijar el mínimo para considerar este tipo de actuaciones como delito, "porque lo que debemos hacer es adoptar esta medida en función de la legislación comparada con la de otros países de nuestro entorno".

En cuanto a l excusa absolutoria y sus problemas de aplicación apuntados por el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, Molins se mostró convencido de que un acuerdo con la Administración debe hacer desaparecer el delito, como ocurre en otros países europeos.