Así lo manifestó tras presentar el informe 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que pone de manifiesto la necesidad de normalizar la prestación pública del aborto y de reforzar el acceso equitativo en España.

Del mismo modo, en rueda de prensa, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, destacó que este informe “revela un aumento sostenido en el número de abortos realizados en centros públicos, aunque existen importantes desigualdades territoriales”.

En este sentido, la ministra de Sanidad subrayó que “pese a los avances legislativos existen hoy en día varios retos como el acceso y la homogeneización en todo el territorio porque existen grandes desigualdades territoriales”.

Además, remarcó, el informe “recuerda por qué es clave que el aborto se lleve a cabo en la sanidad pública. En primer lugar, para evitar la doble privatización, porque cuando a una mujer se la expulsa de un sistema público tiene que buscar fuera esta prestación; y, en segundo lugar, porque queremos garantizar la libertad de elección de las mujeres y esta decisión no puede depender del territorio en el que se viva. Y en tercer lugar, para garantizar la continuidad asistencial”.

CIFRAS EN 2024

En 2024, se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en España. De estas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) fueron realizadas en centros privados.

Esta proporción representa un aumento de casi 7 puntos respecto al 14,3% registrado en 2019, lo que supone un incremento relativo del 50% en la presencia de la red pública en esta prestación.

Igualmente, señaló Mónica García, el informe clasifica a las comunidades autónomas en tres grupos según el porcentaje de intervenciones realizadas en centros públicos en 2024. Por encima del 60% en centros públicos: Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%). Entre el 20% y el 60%: Cataluña (55,1%), Islas Baleares (45,4%) y Canarias (28,6%).

Menos del 20%: El resto de las comunidades y ciudades autónomas. Destacan cifras particularmente bajas en Andalucía (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%), y ausencia total en centros públicos en Extremadura, Ceuta y Melilla.

ANDALUCÍA Y MADRID

A este respecto, indicó la ministra, “las comunidades de Andalucía y Madrid suponen juntas cuatro de cada diez abortos en nuestro territorio. Por ello, si estas dos comunidades alcanzaran un nivel medio de prestación pública como el resto ya tendríamos que el porcentaje nacional se duplicaría y superaría el 40%. Con el cambio solo de dos comunidades el conjunto de España daría un salto histórico en la integración del aborto en la sanidad pública”.

Ante la noticia de que Madrid se tomará su tiempo para decidir sobre el requerimiento del Gobierno para crear un registro de objetores de conciencia al aborto, la ministra de Sanidad advirtió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que “la ley se cumple y no hay más, y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla”.

Además, lanzó un mensaje al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: “A Almeida y todos los negacionistas, expendedores de bulos y fanáticos profesionales, no vamos a permitir ni coacciones ni desinformación a las mujeres”.

DATOS DEL INFORME

Igualmente, el informe presentado hoy revela que las IVE realizadas en estadios más avanzados del embarazo se concentran en mayor medida en centros públicos, lo que refleja su mayor capacidad para abordar casos clínicamente complejos y garantizar la continuidad asistencial.

Del mismo modo, señaló García, si se analizan los métodos utilizados y su relación con el tipo de centro sanitario, en 2024, el método farmacológico fue predominante en las comunidades con mayor proporción de IVE en centros públicos, como Cantabria (86,4%), Navarra (76,5%), La Rioja (68,2%) y Galicia (68,1%), lo que ha favorecido su implementación en el sistema público por su menor complejidad logística.

En cambio, en comunidades donde la prestación recae mayoritariamente en centros privados, como Andalucía y Madrid, predomina el método quirúrgico, utilizado en el 86% y el 94% de los casos, respectivamente.

Esta divergencia evidencia cómo el modelo de atención condiciona no solo el acceso a la prestación, sino también el tipo de procedimiento disponible para las mujeres, influyendo directamente en su experiencia asistencial y autonomía en la toma de decisiones.

SANIDAD PÚBLICA

Además, este informe advierte de que mantener la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la sanidad pública supone una doble privatización: por un lado, relega el aborto al ámbito de lo íntimo e individual, y por otro, lo desvincula del Sistema Nacional de Salud al depender de proveedores privados. Esta situación refuerza el estigma, invisibiliza la prestación y debilita el principio de universalidad que caracteriza al sistema público.

Del mismo modo, la falta de circuitos hacia centros públicos limita la libertad de elección de las mujeres, al condicionar el acceso al tipo de oferta disponible más que a sus derechos. La ruptura de la continuidad asistencial es otro efecto relevante: muchas mujeres deben abandonar su entorno sanitario habitual cuando requieren una IVE, lo que fragmenta su atención y afecta especialmente a los casos clínicos más sensibles.

Entre las principales medidas que resalta el informe figuran la implantación y actualización de los registros de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas y la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, con el fin de asegurar la prestación pública efectiva.