Entre esas adjudicaciones figura un contrato formalizado en febrero de 2026 con IDCQ Hospitales y Sanidad, sociedad perteneciente a Quirónsalud, para realizar endoscopias con sedación profunda destinadas a pacientes del Área Sanitaria de Ceuta.

A este servicio se añaden otras prestaciones adjudicadas por Ingesa durante 2026, entre ellas pruebas vestibulares mediante test VHIT y artroresonancias magnéticas, así como contratos formalizados anteriormente para servicios de neurología y rehabilitación logopédica ambulatoria.

En conjunto, las adjudicaciones muestran cómo la sanidad pública ceutí recurre a capacidad médica privada para complementar aquellos servicios que no presta directamente con medios propios.

La circunstancia adquiere especial relevancia porque Ceuta, junto con Melilla, es una excepción dentro del Sistema Nacional de Salud: su asistencia sanitaria no está transferida a una comunidad autónoma, sino que depende directamente de INGESA y, por tanto, del Ministerio que dirige Mónica García.

LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ, EN LA ATENCIÓN A CEUTA

La colaboración con el grupo alcanza también a la Fundación Jiménez Díaz, hospital integrado en Quirónsalud y uno de los principales centros de alta complejidad de Madrid. Este centro participa desde hace años en la asistencia especializada a pacientes de Ceuta mediante herramientas de telemedicina, especialmente para la atención urgente del ictus.

Este servicio es de especial importancia en Ceuta, donde la insularidad de facto y la distancia respecto a los grandes centros hospitalarios peninsulares condicionan la asistencia. Los contratos externos permiten complementar los servicios del Hospital Universitario de la ciudad autónoma y evitar que determinadas pruebas o tratamientos queden sin cobertura inmediata.

CRÍTICAS DE LA MINISTRA

La utilización de Quirónsalud por parte de la sanidad directamente gestionada por el Ministerio contrasta con la intensa posición crítica mantenida por Mónica García respecto de determinadas fórmulas de colaboración público-privada, especialmente las desarrolladas en la Comunidad de Madrid.

Durante la presentación del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, García defendió en febrero que la gestión directa debe convertirse en la modalidad preferente y que las fórmulas indirectas solo deben utilizarse de manera excepcional cuando el sistema público demuestre que no puede prestar un determinado servicio con sus propios medios.

La ministra aseguró entonces que la nueva legislación pretende poner coto a aquellos modelos en los que la incorporación de empresas privadas está incentivada por el lucro y criticó expresamente las concesiones sanitarias de larga duración. También señaló que cualquier externalización deberá justificar que el servicio no puede ser realizado directamente por la Administración y someterse a una evaluación previa.

La propia García introdujo, no obstante, un matiz relevante: afirmó que su iniciativa no pretende eliminar todas las fórmulas de colaboración público-privada, sino limitar aquellas que considera perjudiciales para el sistema, y reconoció expresamente la existencia de modelos de colaboración que calificó como “sanos”.

La cuestión adquiere una dimensión política porque García ha sido durante años una de las principales críticas del modelo sanitario madrileño y de la relación entre la Comunidad de Madrid y operadores privados como Quirónsalud.

Desde el Gobierno, la ministra ha insistido en que determinados modelos concesionales pueden producir sobrecostes o incentivar criterios económicos que considera incompatibles con los objetivos de la sanidad pública. En febrero defendió que la nueva ley pondrá fin a la consideración de la privatización como una alternativa supuestamente neutra o más eficiente y limitará la gestión indirecta a casos justificados.

Sin embargo, la realidad asistencial de Ceuta muestra que el propio Ministerio utiliza proveedores privados cuando necesita complementar prestaciones sanitarias que INGESA no puede ofrecer directamente con sus propios medios.

En este caso, Quirónsalud no sustituye globalmente la gestión pública del sistema ceutí, sino que presta servicios concretos contratados por Ingesa. Esa diferencia es importante respecto a los modelos concesionales que García critica en Madrid, pero demuestra al mismo tiempo la utilidad práctica de la colaboración con proveedores privados cuando existen necesidades asistenciales específicas.

Las adjudicaciones llegan, además, en un momento especialmente delicado para la sanidad ceutí. Durante los últimos años, sindicatos y organizaciones profesionales han denunciado dificultades para cubrir determinadas especialidades y atraer médicos, una debilidad que ha adquirido todavía mayor relevancia tras la reciente crisis migratoria y el fuerte incremento de la demanda asistencial.

En este escenario, Quirónsalud aparece como uno de los operadores que complementan la capacidad del sistema sanitario público gestionado directamente por el Ministerio, aportando pruebas diagnósticas, procedimientos especializados y apoyo asistencial allí donde Ingesa considera necesario recurrir a recursos externos.

La utilización de estos servicios evidencia también que la discusión entre sanidad pública y privada no siempre responde en la práctica a dos modelos incompatibles. Incluso un Ministerio que ha convertido la gestión pública directa en una de sus principales banderas recurre a proveedores privados cuando la capacidad asistencial propia resulta insuficiente o cuando necesita prestaciones especializadas.